Opinión
El Partido Verde y el Pacto Histórico “Colombia, potencia de la muerte”
Por: José Baruth Tafur
Cada día en este gobierno no es un amanecer, es un día gris y frío, en Colombia la fragilidad de la vida hace su equilibrio en un hilo: la inseguridad nos roba la paz, el terrorismo siembra el miedo y el narcotráfico compra silencios y muertes.
Tanto que habló la izquierda de potencia de la vida, que la imagen de un país donde la vida se vuelve moneda de cambio es continua, es latente y esto debe indignarnos. Cuando las palabras del poder se pronuncian desde la ambigüedad o la ligereza, el eco puede llegar a lugares peligrosos. Que indignación como con escándalos crearon cortinas de humo del magnicidio contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay y que de las muertes constantes de nuestros ciudadanos, de nuestros militares, policías ; confusas alocuciones públicas que el señor presidente Petro hizo al referirse antes durante y después del atentado contra Miguel Uribe refiriéndose a Uribe Turbay como “el hijo de un árabe” en lugar de nombrarlo directamente— no es un episodio aislado de mala redacción: es un recordatorio de cómo el discurso público puede deformar la lectura de la realidad y alimentar, conscientemente o no, tensiones en una sociedad ya marcada por la violencia.
No estoy sugiriendo una relación de causa directa sin pruebas: las investigaciones corresponden a la Fiscalía. Pero sí conviene subrayar que en un clima donde la política se vuelve feroz y la polarización crece, las palabras del primer mandatario importan más que nunca; A este escenario se suman las amenazas documentadas contra autoridades locales que también revelan la fragilidad de la institucionalidad con los actores armados. En el Tolima, tenemos la existencia de un plan criminal contra la gobernadora Adriana Magali Matiz, presuntamente promovido por disidencias de las FARC para atentar contra su vida, lo que llevó a activar protocolos de seguridad y a un llamado a reforzar la presencia del Estado en los territorios. La gravedad de esas advertencias no admite alivios retóricos: son señales concretas de que los criminales siguen creyendo que pueden condicionar la política por medio del miedo.
Si unimos los elementos —el atentado contra un líder político, la forma en que se narró desde la Presidencia y las amenazas contra gobernantes regionales— obtenemos una fotografía preocupante: la violencia vuelve a mostrarse como una herramienta para la intimidad y la presión política, y el debate público se nutre de simplificaciones peligrosas. Colombia necesita, con urgencia, acciones contra la guerrilla, acciones contra el narcotráfico, necesitamos un discurso público que reduzca la tensión y que privilegie la institucionalidad, no que incentive la polarización.
Este es un llamado al ciudadano del común, no al de las altas esferas, no al del Palacio de Nariño o su ministro de izquierda Guillermo Alfonso, que son los que promueven el dolor del pueblo cuando ondean la bandera roja y negra que dice “libertad o muerte” , ciudadanos, no permitamos más daño a nuestra democracia, no permitamos que mientras el discurso habla de potencia de vida, por el otro estén asesinando y amenazando ciudadanos y/o dirigentes, el país no puede permitir que la narrativa de la violencia se normalice. Nombrar, investigar y proteger: esas tres acciones son, a la vez, un deber institucional y un imperativo moral. Solo así podremos luchar contra la tragedia, porque esa misma se convierta en el mañana de todos, en la fatalidad de todos.
