El Ministerio Público reforzó el seguimiento institucional a los comités territoriales de gestión del riesgo y la ejecución de planes de contingencia para atender los focos activos en el departamento.

La Procuraduría General de la Nación reforzó las acciones de control preventivo frente a la ola de incendios de cobertura vegetal que impacta a diversas zonas del país, priorizando el monitoreo en el Tolima por el nivel de afectación registrado.

A través de la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, el organismo vigila la activación de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y el cumplimiento de los planes de contingencia en los departamentos de Tolima, Nariño, Cesar, Quindío, Cundinamarca, Antioquia, Norte de Santander, Santander y Cauca. De forma simultánea, realiza seguimiento a la sala de crisis nacional para agilizar la asignación de apoyos helicoportados en las áreas de mayor complejidad.

En el territorio tolimense, las autoridades mantienen el despliegue de aeronaves para contener las llamas en sectores críticos. El departamento registra emergencias activas en jurisdicciones como San Luis, Ortega, Guamo, Honda, Chaparral, Valle de San Juan, Piedras, Alvarado, Coyaima, Venadillo, Anzoátegui, Coello, Rovira y San Antonio, donde se reportan miles de hectáreas consumidas entre capa vegetal y cultivos, además de afectaciones en estructuras habitacionales.

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Ante esta coyuntura, la Gobernación del Tolima coordina operativos de respuesta terrestre y aérea junto a los cuerpos de socorro, la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Frente a las labores en terreno, la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo departamental, Ericka Lozano, señaló: «Tenemos 30 incendios activos en el departamento y estamos concentrando capacidades en los puntos más críticos. Seguimos en el territorio, pero sobre todo seguimos trabajando para que mañana podamos minimizar los efectos de esta situación».

El órgano de control precisó que su intervención tiene como fin «garantizar la articulación interinstitucional, la transparencia en la gestión de recursos y la protección efectiva de los derechos fundamentales de las comunidades afectadas». Paralelamente, varios municipios avanzan en la declaratoria de calamidad pública con el propósito de agilizar la destinación de fondos y coordinar apoyos extraordinarios.

La Procuraduría reiteró que continuará vigilando el estricto cumplimiento de las obligaciones legales asignadas a los mandatarios locales en el marco de la política nacional de gestión del riesgo de desastres.