Por: Efran Lugo

Colombia es un Estado laico. Eso significa que el Estado no puede adoptar ni imponer una religión determinada, pero de ninguna manera significa que Colombia sea un país antirreligioso, ni mucho menos que quienes ejercen cargos públicos deban renunciar a sus creencias personales.

La libertad de cultos y la libertad de conciencia son derechos fundamentales. En una democracia caben quienes creen en Dios, quienes profesan una religión, quienes tienen otra concepción espiritual y también quienes no creen. Precisamente por eso, el carácter laico del Estado debe servir para garantizar la libertad de todos, no para perseguir o censurar las creencias de nadie.

Una cosa es que el Estado tenga que actuar con neutralidad frente a las diferentes confesiones religiosas y otra muy distinta es pretender que un funcionario público, por el hecho de ocupar un cargo, deje de tener convicciones personales.

El presidente de la República también es una persona. Tiene derecho a creer, a expresar sus convicciones y a profesar la religión que considere, siempre que desde el ejercicio del poder público no pretenda imponerla a los demás.

Ese es, precisamente, el límite que debería preocuparnos: no la existencia de la fe en quienes gobiernan, sino la utilización del poder del Estado para imponer una determinada creencia.

Por eso resulta necesario analizar con mesura la controversia alrededor de las expresiones religiosas del presidente Abelardo. Si una manifestación como la referencia al Cristo Rey corresponde a una expresión de fe personal, resulta difícil sostener que, por sí misma, constituya una imposición religiosa sobre toda la sociedad.

El Estado laico no exige presidentes ateos. Exige presidentes que gobiernen para todos, y esa diferencia es fundamental.
Un gobernante puede ser católico, evangélico, judío, musulmán, agnóstico o ateo. Lo que la Constitución y la democracia le exigen es que, independientemente de sus convicciones personales, respete los derechos de quienes piensan diferente y no utilice el aparato estatal para privilegiar o imponer una religión.

De hecho, defender el Estado laico también significa defender el derecho de los creyentes a expresar libremente su fe.

Por eso me preocupa que determinadas discusiones terminen convirtiéndose en una especie de cruzada contra cualquier manifestación religiosa proveniente de un funcionario público. Una cosa es exigir neutralidad institucional y otra muy diferente pretender eliminar de la vida pública cualquier referencia a Dios o a la religión.

Colombia no puede pasar de un Estado confesional a un Estado que mire con sospecha a quienes profesan una fe.

No se trata de convertir al Estado en una iglesia. Tampoco de convertirlo en un Estado anticristo, se trata de garantizar libertad.

Y esa libertad debe funcionar en doble vía: quien cree tiene derecho a creer y expresarlo; quien no cree tiene exactamente el mismo derecho a no hacerlo. Ninguno debe imponerle sus convicciones al otro.

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Por eso considero que la discusión debería darse con mayor equilibrio. Si existen actuaciones de un funcionario que vulneran la neutralidad religiosa del Estado, deben ser examinadas y, si corresponde, corregidas. Pero no podemos confundir una eventual actuación institucional con la simple expresión de una convicción personal.

También deberíamos preguntarnos si estamos concentrando demasiado nuestra atención en controversias que, aunque pueden ser importantes desde el punto de vista jurídico o político, terminan desplazando los problemas que verdaderamente afectan a millones de colombianos.

Mientras discutimos si un presidente puede hablar de Dios, Colombia continúa enfrentando enormes desafíos en materia de seguridad, justicia, pobreza, corrupción y fortalecimiento de las instituciones. Las estructuras criminales siguen representando una amenaza en diferentes regiones del país y la ciudadanía espera respuestas mucho más contundentes del Estado.

La justicia debe actuar cuando corresponda, pero también debemos exigir proporcionalidad en nuestras discusiones públicas. No podemos permitir que las diferencias ideológicas o religiosas terminen convirtiéndose en una nueva forma de polarización nacional.

Defender el Estado laico no significa perseguir la religión, defender la religión tampoco significa pretender que el Estado adopte un credo.
La verdadera defensa de la democracia consiste en garantizar que todos podamos creer o no creer, expresar nuestras convicciones y participar en la vida pública sin que el Estado nos imponga una determinada visión del mundo.

Colombia es un país laico, sí. Pero Colombia no es, ni debe convertirse, en un país anticristo.

Porque un Estado verdaderamente laico no le teme a la fe: simplemente garantiza que ninguna fe sea impuesta sobre otra.

Aviso: Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor y no comprometen el pensamiento editorial de Enfoque TeVé 360. Abrimos este espacio como un ejercicio de libre expresión y pluralidad.