Por: Melissa Barreto

“La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, anunció este domingo que trasladará su despacho al municipio de Ataco, luego de los recientes hechos violentos registrados en esta zona del sur del departamento.” Adriana Matiz afirmó que permanecerá en el municipio para acompañar a la población y pidió un plan especial de seguridad para el sur del departamento – Enfoque TeVé 360°.

En esta columna voy a salirme del tema habitual, del que suelo hablar en este espacio, decidí opinar de este tema, porque considero que la crisis de seguridad que se está viviendo en el departamento, y en otras regiones del país, no se este abordando de forma integral y técnica, es decir no se ha establecido una estrategia clara que pueda dar resultados reales y útiles a esta crisis.

Lo digo desde mi pericia y experiencia en la seguridad urbana y en el pos-acuerdo.

“El ente de control solicitó a la Policía Metropolitana de Ibagué y Departamental, la Defensoría y la Gobernación, un balance de los consejos de seguridad realizados, los Puestos de Mando Unificado (PMU) convocados y los mecanismos de seguimiento a los compromisos adquiridos, en desarrollo de su función preventiva y de vigilancia de la gestión pública.” Procuraduría General de la Nación – Procuraduría requiere informe sobre acciones para preservar el orden público en Tolima. 13/08/2026.

Con esto no estoy diciendo que la gobernación del Tolima no este preocupada con la seguridad del territorio, solo opino que no esta entendiendo la crisis y la magnitud de la misma.

Después de la firma del acuerdo de paz en todo el sector de seguridad se creó una preocupación, partiendo de los siguientes antecedentes:

1. Los grupos subversivos nacieron con una causa social, aún no resuelta. Que parte de la distribución de tierras injusta y como consecuencia una distribución de la riqueza desigual. Algo que ya no es tan visible porque el campo ha sido históricamente desplazado en Colombia y generando una desigualdad social de las más altas del mundo.
2. De un acuerdo de paz mal ejecutado, como el de Guatemala y El Salvador, nacieron las pandillas más temidas del mundo; Calle 18 (Mara 18) y Mara Salvatrucha (MS-13). Esto por dos factores cuando se firmaron los procesos de paz, salieron de estas guerrillas un montón de personas que habían vivido gran parte de su vida en la guerra y por ende no sabían ningún oficio y a esto sumarle que el mercado laboral no tenía muchas oportunidades, por eso su histórica migración a los EE.UU.
3. Con este panorama y la influencia de la cultura marginalizada de EE.UU. se formaron estas pandillas y se fortalecieron aún más, cuando se unieron a las pandillas expolicías y exmilitares y con ello; estas pandillas adoptaron técnicas de inteligencia militar y estrategias metódicas y cuidadas.
4. La firma del acuerdo de paz acá en Colombia dependía de los compromisos y continuidades de los siguientes gobiernos, es decir que no había garantías para los firmantes.

Con todo esto se pueden sacar algunas de estas conclusiones; la tendencia de que los exintegrantes de las filas de los grupos subversivos terminen formando y conformando grupos al margen de la ley es un pronóstico para futuros procesos.

Por eso es importante que después de la firma del acuerdo en Colombia se hiciera una significativa inversión social, y un fortalecimiento en la seguridad urbana. Ya que estos grupos iban a salir de la selva y encontrarse con ciudades con pocas oportunidades y economías ilegales distintas a las que ellos conocían es decir era predecible que sus economías se diversificaran, y con ello mucha gente dispuesta a ser parte de estos grupos y de sus economías.

“Mientras el Estado intenta contener la violencia, los grupos armados ilegales afinan una estrategia silenciosa pero efectiva: hacer del reclutamiento una oferta estable, con pagos, incentivos y hasta “periodos de vacaciones”. Esa fórmula ayuda a explicar por qué hoy son más grandes, más extendidos y cada vez más difíciles de contener.” Ofertas de salarios, bonos y “vacaciones”: Así es como están reclutando los grupos armados – El Espectador 01/02/2026.

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Los grupos al margen de la ley han entendido algo que el estado no, y es la precariedad laboral y la falta de estabilidad, como factor vulnerable y predilecto para que la población se sienta atraída a estos grupos, sin necesidad de reclutamiento forzado (que obviamente sigue existiendo).

Frente a esto tenemos los siguientes hechos:

1. Las disidencias de las Farc, el ELN o grupos como el clan del golfo, ya no tienen la misma estructura y organización que antes de la firma de paz, porque sus intereses cambiaron.
2. Estos grupos con la diversificación de sus economías, se fortalecieron y se hicieron más adaptables. Algo que se evidencio con la adquisición de drones.

Por eso sus puntos débiles son sus economías en sí. Para no complicar el entendimiento de esto lo voy a narrar de la siguiente forma:

Ataco es de gran interés para estos grupos por la minería ilegal que se lleva a acabo allí, en esencia porque el dinero que ellos obtienen allí es incalculable y también porque la población no tiene muchas opciones de ocupación laboral y que estas cubran sus gastos mínimos, es decir para muchas personas en Ataco la minería ilegal es la única forma de subsistir y si los “salarios” allí se incrementan, otras poblaciones del país y el territorio van a migrar allí para obtener ese lucro de esta economía ilícita.

“El 9 de agosto de 2026, Marlon Díaz Marín, representante legal de Agroindustrias Renacer, empresa contratista de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para el manejo de ganado bajo custodia del Estado, remitió a autoridades de Estados Unidos información sobre una presunta red dedicada a blanquear y exportar oro extraído o controlado por grupos ilegales.” La denuncia por el oro de la SAE que llegó al FBI – Revista Cambio 01/09/2026.

Por ende, los ataques terroristas a la población civil, son una distracción al Estado, para proteger el verdadero interés de estos grupos y son sus fuentes económicas, que gente del común sostiene, no porque sean criminales, sino porque sus necesidades básicas y falta de oportunidades los lleva a estas economías.

La solución obviamente no esta en criminalizar a la población civil que hace parte de la minería ilegal, o que en palabras más objetivas su única fuente de ingreso proviene de la minería ilegal.

Esta en fortalecer la economía local y al mismo tiempo fortalecer la seguridad y la prevención a los posibles ataques terroristas.

Sin embargo, ¿está el Estado colombiano preparado para atacar las fuentes económicas de estos grupos y capacitado para una seguridad enfocada en la prevención? Y ¿Esta dispuesto e interesado realmente el Estado colombiano en atacar estas economías?

Aviso: Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor y no comprometen el pensamiento editorial de Enfoque TeVé 360. Abrimos este espacio como un ejercicio de libre expresión y pluralidad.