Por: Juan Urrea

Las elecciones locales que tendrán lugar el 29 de octubre del presente año, son de las más complejas en el escenario electoral, ello por la cantidad de escaños a proveer y el amplio número de candidatos que aspiran a ser elegidos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles; además por la cantidad de organizaciones políticas habilitadas para avalar candidatos a los distintos cargos de elección popular.

El país recordará que para los inicios del nuevo milenio muchos de los alcaldes elegidos para sus cargos no podían hacerlo desde sus territorios, sino que debían hacerlo desde las ciudades capitales, el departamento del Tolima no era ajeno a dicha situación.

Para la fecha, según la Misión de Observación Electoral – MOE se han registrado 320 hechos de violencia en los primeros siete meses del calendario electoral. En 2019, año de las últimas elecciones regionales, hubo 233 actos de este tipo en el mismo periodo, y si bien cada hecho es repudiable, las cifras permiten ver un incremento en el delito para influir en las elecciones locales. No deja de ser preocupante el panorama de seguridad electoral mientras el gobierno nacional avanza en los denominados “Cese al fuego” con grupos al margen de la ley y que limita el accionar de la Fuerza Pública en los territorios, y claro, hay que decirlo, los dineros de las economías ilícitas sumados a la violencia política gestan un molotov gravísima contra la democracia colombiana.

El Tolima no es distante al deterioro en materia de seguridad ante la inacción del gobierno nacional, han sido reiteradas las ocasiones en que el gobernador del Tolima Ricardo Orozco ha denunciado el fortalecimiento de estructuras criminales en territorios que habían sido recuperados por la voluntad política y el actuar de la fuerza pública. No se puede ignorar las denuncias de amenazas de candidatos a elección popular ni los atentados que han ejecutado las estructuras criminales en el departamento del Tolima.

Entonces, se requiere una acción decidida del gobierno nacional, que pase de la diatriba a la acción en favor de los colombianos que buscan ejercer el ejercicio democrático de elegir y ser elegido sin que se socave su libertad de expresión, locomoción o cualquiera de sus derechos fundamentales y políticos consagrados en la Constitución, para que el riesgo de los votantes y candidatos, independientemente de la organización política a la que pertenezcan, sea menor y exista una postura y clara de derrotar la criminalidad sin visos de debilidad.