Congresistas del Pacto Histórico solicitarán a las autoridades revisar las condiciones en que se ejecutaron las inversiones y se entregó la operación.

La operación del Relleno Sanitario Regional Pacandé, ubicado en Natagaima, volvió a generar cuestionamientos por parte de congresistas del Tolima. El representante a la Cámara Marco Hincapié y la senadora Laura Ahumada denunciaron presuntas inconsistencias relacionadas con la inversión de recursos públicos, la propiedad del predio, el contrato de operación y las condiciones ambientales del lugar.

Según lo expuesto por los congresistas, entre 2018 y 2022 se destinaron $5.095 millones de recursos públicos para obras de ampliación del relleno. Esta cifra coincide parcialmente con registros oficiales: el Ministerio de Vivienda reportó en 2019 una inversión nacional superior a $2.900 millones para la ampliación de Pacandé, destinada inicialmente a beneficiar a Natagaima y Coyaima.

Los denunciantes cuestionan que, pese a esas inversiones, la operación del relleno esté a cargo del Consorcio Soluciones Ambientales para Natagaima, integrado, según su comunicado, por Eco San Gil S.A.S. E.S.P. y EMPSACOL S.A. E.S.P.

Uno de los principales puntos señalados tiene que ver con la situación jurídica del terreno. De acuerdo con la denuncia, el predio habría sido entregado en permuta a un particular en 2011, mientras que posteriormente se realizaron inversiones públicas en infraestructura.

Los congresistas también cuestionaron el esquema mediante el cual se desarrolla la operación y señalaron que ESPUNAT conserva la titularidad de la licencia ambiental, pero el operador privado recibe directamente los pagos por la disposición de residuos. En ese contexto, afirmaron que la empresa pública de Natagaima también debe pagar por disponer sus propios residuos en el relleno.

Como referencia, señalaron que durante 2024 el operador le habría facturado a ESPUNAT cerca de $150 millones, mientras que al cierre de ese año existiría una obligación pendiente de aproximadamente $225 millones.

Cuestionamientos ambientales

La denuncia también plantea posibles afectaciones ambientales. Los congresistas hicieron referencia a la presencia de lixiviados y a su presunta descarga hacia la quebrada Nanurco, así como a cuestionamientos sobre la infraestructura destinada al tratamiento de estos líquidos.

También señalaron que el relleno se encuentra sobre el acuífero del sur del Tolima y que existirían inquietudes relacionadas con una servidumbre de oleoducto a favor de Ecopetrol.

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Otro de los aspectos puestos en conocimiento de las autoridades está relacionado con el número de municipios que estarían utilizando actualmente el relleno frente a los municipios contemplados en la autorización ambiental.

La situación de Pacandé ya ha sido objeto de actuaciones de organismos de control. En marzo de 2025, la Contraloría Departamental del Tolima informó que había iniciado una actuación especial de fiscalización a ESPUNAT a raíz de denuncias ciudadanas sobre el manejo del relleno.

Además, un informe de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios señaló que Pacandé cuenta con una licencia ambiental otorgada inicialmente mediante la Resolución 4463 de 2010 y modificada posteriormente. El documento también registra que la licencia fue cedida a ESPUNAT en 2022.

Solicitarán revisión a organismos de control

Ante los cuestionamientos, Hincapié y Ahumada anunciaron que solicitarán la revisión integral de los componentes contractual, financiero, ambiental y predial relacionados con la operación del relleno.

Los congresistas también plantearon interrogantes sobre la duración del contrato de operación y su relación con la vigencia de la licencia ambiental, además de pedir claridad sobre los municipios que actualmente disponen sus residuos en Pacandé.

Las denuncias serán trasladadas, según anunciaron, a las autoridades competentes para que determinen si existen irregularidades y eventuales responsabilidades. Por ahora, los señalamientos corresponden a las denuncias formuladas por los congresistas y deberán ser establecidos por las autoridades mediante las actuaciones de control correspondientes.