Por: Efran Lugo

Hace unas semanas escribí que los comportamientos de Juliana Guerrero podían llevar a muchos jóvenes a preguntarse de qué sirve “quemarse las pestañas” estudiando, formándose y construyendo un proyecto profesional, si desde el Gobierno de Colombia, esta vez bajo la administración del entonces presidente Gustavo Petro, se terminaba poniendo las riendas del país en manos de una joven cuya trayectoria y formación académica generaban serios cuestionamientos.

El gobierno pasado y, particularmente, el entonces presidente Petro, estuvieron a punto de llevar a Juliana Guerrero a ocupar uno de los cargos más importantes del Ejecutivo nacional. Un ministerio parecía ser el destino de aquella joven que, según se conoció públicamente, logró ganarse la confianza del presidente Petro. Este episodio, sin duda, hizo parte de los factores que llevaron a muchos jóvenes a cuestionar el rumbo que estaba tomando el país y que, posteriormente, terminaron inclinándose por el proyecto político del hoy presidente Abelardo de la Espriella.

Aunque durante el gobierno pasado, y especialmente desde el entorno del entonces presidente Petro, se defendió públicamente a Juliana Guerrero, ya existían cuestionamientos relacionados con la institución de educación superior de la que provenían algunos de sus títulos académicos y sobre la presunta comercialización irregular de títulos.

Hoy, de acuerdo con la decisión de la justicia colombiana, se estableció la responsabilidad de Juliana Guerrero por la falsificación de títulos y se le impuso una pena de tres años de prisión.

Como ciudadano colombiano, considero que este caso debería llevarnos a una reflexión mucho más profunda. La justicia no puede limitarse únicamente a imponer una pena. El derecho penal persigue, entre otros fines, el castigo, la prevención y la resocialización; pero también debe existir una reflexión sobre el impacto que determinadas conductas tienen sobre la moralidad pública y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Porque el mensaje que queda en la sociedad es preocupante: mientras millones de jóvenes colombianos se esfuerzan durante años para obtener un título profesional, pagar una matrícula, cumplir requisitos académicos y construir una hoja de vida con sacrificio, otros pueden intentar llegar a posiciones de poder mediante atajos, falsedades y relaciones políticas.

Y aquí está el verdadero problema de fondo: ¿qué mensaje le estamos enviando a una generación que se esfuerza por estudiar y prepararse?

El caso de Juliana Guerrero no puede analizarse únicamente desde la condena judicial. También debe analizarse desde la responsabilidad política y ética que implica haber estado cerca de los más altos círculos del poder nacional.

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A ello se suman los cuestionamientos públicos que han rodeado su nombre por presuntas gestiones irregulares, posibles cobros de dinero a empresarios y supuestas promesas de beneficios relacionados con proyectos del Gobierno. Estos hechos deben ser esclarecidos por las autoridades competentes y, si existen responsabilidades adicionales, deberán responderse ante la justicia.

También generó controversia la participación de personas de su entorno familiar en espacios de poder durante el gobierno de Petro. Todo esto deja una pregunta que no podemos evadir: ¿estamos construyendo una sociedad en la que el mérito, el estudio y la preparación importan menos que la cercanía con el poder?

Si una persona que llegó a estar tan cerca de las decisiones más importantes del Estado puede terminar cumpliendo una pena relativamente corta y, además, conservar los beneficios económicos que pudo haber obtenido durante su paso por los círculos del poder, muchos colombianos tienen derecho a preguntarse si estamos frente a una justicia suficientemente ejemplarizante.

No se trata de pedir una justicia vengativa. Se trata de exigir una justicia que sea igual para todos, que genere confianza y que envíe mensajes claros a la sociedad.

Juliana Guerrero eventualmente recuperará su libertad. Pero la discusión que deja su caso debería permanecer abierta: en Colombia, ¿seguirá siendo más difícil obtener un título estudiando durante años que acercarse al poder político?

Porque si esa termina siendo la percepción de millones de jóvenes, el problema ya no será solamente Juliana Guerrero. El problema será el mensaje que estamos enviando sobre el mérito, la educación, la ética y la construcción de un país donde las oportunidades deberían depender de la capacidad y el esfuerzo, y no de las conexiones con quienes gobiernan.

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