UNA NUEVA LIMITANTE AL DERECHO A DECIDIR

Por: Valentina Giraldo

El pasado 20 de julio comenzó una nueva legislatura y con esta, el descubrimiento de las múltiples sorpresas que tenían preparadas para las mujeres nuestros congresistas.

Entre ellas ha destacado el proyecto de Acto Legislativo mediante el cual se elimina la prohibición de prisión perpetua en casos de Feminicidio; la propuesta de la “Bancada Provida” para otorgar un “Mínimo vital” a las mujeres que, producto de una violación quedaren embarazadas, y decidieren continuar con el proceso de gestación; y otros proyectos que, en realidad no tienen una función distinta a ganar adeptos o configurar una regresión en derechos, al carecer de un enfoque de género serio.

Se radicó también ante la Secretaría de la Cámara alta del Congreso de la República un proyecto de ley especialmente peligroso, que no recibió la atención necesaria, y del cual es autora la Senadora del partido Centro Democrático María del Rosario Guerra.

Este busca establecer la obligatoriedad del concepto favorable de quien hubiere embarazado a la mujer, para acceder, en virtud de cualquiera de las tres causales admitidas por la Corte Constitucional en Sentencia C/355 de 2006, a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Lo cual, además de comportar un retroceso para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, traduce una nueva limitante como lo es la opinión de un tercero a la hora de interrumpir el embarazo. Sin embargo, esto no es lo más grave; pues bien, recordemos que a partir del 2006 la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres casos: I) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, II) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y, III) Cuándo el embarazo sea producto de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal sin consentimiento, de inseminación artificial, de transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

Es decir que, por ejemplo, una mujer que haya sido violada, y producto de ello quede embarazada, además de lidiar con los traumatismos propios que derivan del hecho, y los constantes señalamientos sociales culpándole del mismo; deberá, en caso que decida interrumpir su embarazo, pedirle permiso a su violador para hacerlo.

¡Sí, leyeron bien! De ser aprobado este proyecto de ley, las mujeres tendrán que pedir la autorización de quien las haya abusado para interrumpir el proceso de gestación. Situación a todas luces absurda, aberrante y revictimizadora.

Aunque la Senadora autora del proyecto ha manifestado a través de sus redes sociales que esta no es su intención principal, y aún en el entendido de que este concepto no se requiriera cuando se trate de una violación, las intervenciones públicas que la misma ha hecho en el pasado frente a este, y otros temas de género, demuestran su abierto rechazo por el mismo, en línea con el de otros tantos parlamentarios.

Así, el panorama para las mujeres se torna cada vez más escabroso desde lo social, económico y político; pero bien, es precisamente esta la razón de tantas mujeres -y me incluyo- para entender que el feminismo es la vía correcta, para pasar la página en el eterno capítulo de la cultura machista y patriarcal.