Por: Johan Sebastián Gutiérrez Mosquera

Los días 6 y 7 de julio de 2026, el centro de convenciones Palexpo de Ginebra, Suiza, acogió el primer Diálogo Global sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial, establecido por la Resolución 79/325 de la Asamblea General como resultado directo del Pacto Digital Global adoptado en Nueva York el 22 de septiembre de 2024. Copresidido por Egriselda López, representante permanente de El Salvador ante la ONU, y Rein Tammsaar, su homólogo de Estonia, con secretaría conjunta de la UIT, la UNESCO y la Oficina de Tecnologías Digitales y Emergentes, el encuentro sentó por primera vez a los 193 Estados miembros en una misma mesa. António Guterres cifró la urgencia en la inauguración: «La IA está avanzando a un ritmo vertiginoso. La cuestión es si podremos controlarla juntos o si dejaremos que nos controle». La presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, confesó el objetivo institucional: demostrar que la ONU «no vive anclada en el pasado ni actúa con lentitud». El copresidente Tammsaar reclamó que Ginebra se convirtiera en «el momento San Francisco de la IA», en alusión a 1945. La pregunta decisiva, sin embargo, no es si el multilateralismo llega tarde — porque llega tarde—, sino qué entiende exactamente la ONU por inteligencia artificial cuando se propone gobernarla.

La respuesta tiene fecha y genealogía. El 23 de noviembre de 2021, los Estados miembros de la UNESCO adoptaron por aclamación la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, el instrumento de derecho blando que fijó el vocabulario del edificio posterior. Su párrafo segundo renuncia expresamente a proporcionar «una definición única de la IA» y opta por una caracterización funcional: sistemas con capacidad de procesar datos e información de manera que se asemeja a un comportamiento inteligente, con aspectos de razonamiento, aprendizaje, percepción, predicción, planificación o control. Es una definición de ingeniería, no de economía política. Describe lo que los sistemas hacen y calla lo que los sistemas son: propiedad concentrada, infraestructura material, capital fijo del conocimiento. Sobre esa base conceptual se levantó Governing AI for Humanity, el informe final del Órgano Asesor de Alto Nivel presentado en septiembre de 2024, cuyas recomendaciones centrales —un panel científico independiente y un diálogo intergubernamental periódico— son lo que Ginebra acaba de inaugurar.

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La arquitectura misma del Diálogo confirma el sesgo. Sus cuatro grupos temáticos oficiales fueron las oportunidades e implicaciones sociales, económicas, éticas, culturales, lingüísticas y técnicas de la IA; el cierre de brechas mediante desarrollo de capacidades y acceso; la IA segura, protegida y confiable con interoperabilidad de enfoques regulatorios; y los derechos humanos con transparencia, rendición de cuentas y supervisión humana. Los siete literales del párrafo cuarto de la Resolución 79/325 —del desarrollo de sistemas seguros al software de código abierto— regulan el uso, el acceso, los efectos y la supervisión. Ninguno nombra la propiedad del cómputo, las patentes de semiconductores, el control de las cadenas físicas de suministro ni el extractivismo minero, energético, hídrico y conductual que alimenta los centros de datos donde se entrenan y corren los modelos. Se aspira a regular cosas; no procesos ni relaciones de propiedad. El detalle no es menor: cada mesa fue coliderada por un ministro de Estado y un actor no gubernamental, y en dos de las cuatro ese actor fue la industria misma —el cofundador de Yellow.ai en oportunidades e implicaciones, la directora ejecutiva de Partnership on AI, consorcio fundado por las grandes tecnológicas, en seguridad e interoperabilidad—: el sector ayudó a conducir la deliberación sobre su propia regulación.

Lo notable es que la propia ONU documenta la asimetría que su mandato excluye. Governing AI for Humanity admite que el cómputo es una de las mayores barreras de entrada al campo y consigna un dato demoledor: de los cien principales clústeres de computación de alto rendimiento capaces de entrenar grandes modelos, ninguno está alojado en un país en desarrollo. El Panel Científico Internacional Independiente —cuarenta expertos copresididos por Yoshua Bengio y Maria Ressa— advirtió en su primer informe, publicado el 1 de julio, que las medidas de protección actuales no logran seguir el ritmo de crecimiento de las capacidades. Guterres mismo reconoció en la sesión inaugural que el cómputo, los datos y el talento necesarios para entrenar los modelos más avanzados se concentran en pocas compañías y pocos países. El diagnóstico estructural está escrito en los documentos oficiales; la agenda regulatoria lo deja fuera.

El Sur global ya nombró el problema con otra gramática. El 19 de febrero de 2026, en la Cumbre sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial de Nueva Delhi —cuarta estación del proceso intergubernamental iniciado en Bletchley Park en noviembre de 2023 y continuado en Seúl y París—, Luiz Inácio Lula da Silva lo dijo sin rodeos: «Cuando unos pocos controlan los algoritmos, no se trata de innovación, sino de dominación». Las capacidades computacionales, la infraestructura y el capital, denunció, permanecen excesivamente concentrados en pocos países y conglomerados privados, mientras los datos generados por ciudadanos, empresas y organismos públicos son apropiados por esos mismos conglomerados. El reclamo del Sur no es un suplemento ético: es una demanda material sobre la infraestructura, los recursos, la investigación, la renta y la distribución del valor en la línea estratégica de producción del conocimiento.

Porque la inteligencia artificial no es un sujeto ni un objeto. No hay un cerebro: hay, en la base, una infraestructura tecnológica que con cómputo, velocidad y almacenamiento resuelve problemas algorítmicos de una talla que el ser humano no alcanza por sí solo; en su operación, una interacción permanente con el lenguaje, los datos y la conducta de miles de millones de personas; y en su naturaleza económica, una forma organizativa del poder fundada en la acumulación, la reproducción y la administración privada del conocimiento, frente a la cual los Estados encuentran dificultades crecientes para ejercer control. Bajo la interpretación estrecha que Ginebra consagró, no se discute el derecho humano en la era de la inteligencia artificial: se discute el derecho del uso regulado de una tecnología ajena. No se debate quién extrajo el saber digitalizado de la humanidad, quién lo manipuló, quién se apropia de sus excedentes ni qué ocurre con el trabajo, la verdad, la ley y la justicia cuando su evaluación queda resguardada en infraestructuras técnicas de propiedad privada. Regular los sistemas ignorando la arquitectura de su producción equivale a supervisar los efectos de la maquinaria sin preguntar quién es el dueño de la fábrica.

Del encuentro no salió ningún mecanismo vinculante: la Resolución 79/325 concibió el Diálogo como plataforma de discusión, no como órgano regulador, y su único producto formal será un resumen de los copresidentes. El proceso continuará en Nueva York en mayo de 2027, empujado por más de mil quinientas comunicaciones escritas. Guterres pidió que Ginebra sea recordada como el momento en que la gobernanza comenzó a alcanzar a la tecnología. Solo lo será si el multilateralismo se atreve a cruzar la frontera que él mismo se trazó: pasar de administrar éticamente las consecuencias a normar los cimientos materiales —cómputo, datos, energía, agua, minerales, trabajo cognitivo— sobre los que se está reorganizando el poder global. Esa disputa apenas comienza, y en ella los pueblos del Sur no ocupan un palco de espectadores: tienen la primera palabra sobre lo que les está siendo extraído.

Nota editorial: la investigación, la tesis y la autoría de esta columna corresponden exclusivamente al autor. Se empleó asistencia de inteligencia artificial para revisión gramatical, verificación de fuentes y composición tipográfica.