Por: Daniel Ávila

Ibagué, una ciudad que ha sido testigo de múltiples transformaciones y desafíos a lo largo de los años, se enfrenta actualmente a un problema político-administrativo que podría generar una de las crisis más complejas en su historia reciente. En medio de un escenario electoral cargado de tensiones tanto a nivel local como nacional, la posibilidad de que el Consejo de Estado tumbe la elección de la alcaldesa Johana Ximena Aranda no solo desestabiliza la estructura política de la ciudad, sino que también pone en riesgo su gobernabilidad en un contexto altamente incierto.

El caso de la alcaldesa Aranda, centrado en la polémica sobre la doble militancia, ha puesto a Ibagué en la mira de todo el país. Si bien la legalidad de su elección está en juego, el impacto de una posible decisión del Consejo de Estado que deslegitime su mandato sería mucho más profundo que una simple transición de poder. En un año electoral, donde las miradas están centradas en las elecciones legislativas y presidenciales, la crisis de gobernabilidad que podría enfrentar Ibagué sería un golpe directo al desarrollo y estabilidad de la ciudad.

Vacío de poder y parálisis administrativa: La posibilidad de una elección atípica, impulsada por una sentencia en contra de la alcaldesa, generaría un vacío de poder en la ciudad. Este vacío no solo afectaría la gestión administrativa de la alcaldía, sino también el rumbo de los proyectos en marcha, desde obras públicas hasta programas sociales. La transición hacia nuevas elecciones podría durar varios meses, lo que dejararía a Ibagué sumida en una parálisis de gestión pública que afectaría directamente a los ciudadanos.

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En este escenario, los programas y proyectos fundamentales para el desarrollo de la ciudad quedarían en el aire, afectando a todos los sectores, desde la infraestructura hasta la atención social. El gobierno municipal, ante la ausencia de una administración estable, se vería obligado a frenar o retrasar muchas de sus actividades y compromisos, dejando a la población en un estado de incertidumbre y desconfianza.

Una crisis de gobernabilidad: A lo largo de la historia, Ibagué ha sido testigo de las consecuencias de la inestabilidad política, pero nunca en un momento tan crítico. La ciudad no solo enfrentaría una crisis institucional con la salida de la alcaldesa, sino también una profunda crisis de gobernabilidad. En un año preelectoral, donde el clima político está altamente polarizado debido a las elecciones legislativas y presidenciales que se celebrarán el próximo año en el país, una situación como esta podría desencadenar una lucha de poderes a nivel local que fragmentaría aún más el panorama político de Ibagué.

¿Quién paga el precio de esta crisis?

La respuesta es clara: los Ibaguereños. La crisis político-administrativa que podría surgir a raíz de una decisión negativa del Consejo de Estado no solo afectaría a los actores políticos involucrados, sino que pondría en riesgo el futuro de la ciudad. Los ciudadanos serían los más perjudicados al ver cómo sus necesidades básicas y sus derechos fundamentales se ven postergados ante la parálisis administrativa y la incertidumbre política.

A lo largo de los años, Ibagué ha avanzado en diversas áreas, pero ese progreso podría verse frenado por un escenario de caos político. Los proyectos de infraestructura, salud, educación y seguridad, que deberían ser prioritarios, quedarán a la deriva mientras la ciudad se enfrente a una nueva elección. La crisis de gobernabilidad no es un problema que afecta solo a unos pocos; es una cuestión que afecta directamente a todos los habitantes de Ibagué, quienes dependen de una administración estable para la resolución de sus problemas cotidianos.

En definitiva, el reto no solo está en resolver la legalidad de la elección de Johana Ximena Aranda, sino en garantizar la estabilidad política y administrativa de Ibagué. La crisis de gobernabilidad que se avecina ante la posibilidad de elecciones atípicas podría traer consigo un daño irreversible a la ciudad. En un contexto electoral tan complejo, la política local debe ser capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos y de preservar el bienestar común, sin que las disputas internas desvíen el foco de atención de los problemas reales que enfrenta Ibagué. Es hora de priorizar el interés colectivo y asegurar que la ciudad no pierda más tiempo ni recursos en un proceso de inestabilidad que solo generaría incertidumbre y retrasos en su desarrollo.