martes, 2 de junio de 2026 07:15

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Ibagué

Fiscalía imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué por contrato de alimentación animal

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La investigación también involucra a tres funcionarios, un exfuncionario y un contratista por presuntas irregularidades en el proceso contractual.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, así como a cuatro personas más, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en junio de 2024 para el suministro de alimentos destinados a los animales del centro de protección de la ciudad.

Junto a la mandataria fueron imputados Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno; el exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.

De acuerdo con la investigación, la alcaldesa habría delegado el ordenamiento del gasto en el entonces secretario de Gobierno y, presuntamente, impartido instrucciones para adjudicar el contrato a una empresa que prestaba servicios de aseo para la administración municipal y algunas instituciones educativas de la ciudad.

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La Fiscalía indicó que los funcionarios y exfuncionarios involucrados habrían adelantado el proceso contractual pese a que la empresa seleccionada no tendría experiencia ni relación directa con el objeto del contrato. Asimismo, se investiga la elaboración de estudios de mercado con valores que no corresponderían a los precios reales y la solicitud de cotizaciones únicamente a dos oferentes, cuyos representantes legales tendrían vínculos familiares.

Por su parte, el ente acusador señaló que el contratista habría permitido el direccionamiento del proceso y obtenido presuntos sobrecostos por cerca de 35 millones de pesos.

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó, según la presunta participación de cada procesado, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Las personas investigadas continúan vinculadas al proceso mientras avanza la actuación judicial y se define su situación jurídica.