EL PAÍS QUE IGNORA SUS PROPIOS MUERTOS

Por: Valentina Giraldo

El homicidio del estadounidense George Floyd, ocurrido recientemente, se ha convertido en uno de los casos insignia de la violencia racial y el inhumano trato por parte de agentes estatales; ha suscitado indignación entre los habitantes del país norteamericano, misma que ha derivado en turbulentas manifestaciones, así como en el estruendo de las voces de protestas alrededor del mundo.

Colombia, a su manera, no ha sido ajena a tal situación; miles de usuarios en redes sociales condenan este escabroso suceso. Pero, ¿acaso en nuestro país no existe la violencia racial? O más bien, ¿en Colombia nos indignamos de la misma manera cuando, por ejemplo, un miembro de la Fuerza Pública, golpea la cabeza de un caucano hasta ocasionarle la muerte? Tal fue el caso de Anderson Arboleda, un joven afrocolombiano de 24 años, oriundo del Cauca, al que -según lo relatado por sus familiares a medios de comunicación- el pasado 19 de mayo, un servidor público adscrito a la Policía Nacional golpeó reiteradamente con un mazo de madera por presuntamente violar la medida del aislamiento obligatorio.

Después de lo sucedido, el joven acudió a la estación de Policía de su municipio para denunciar el hecho. Allí, comenzaría a sentir un fuerte dolor de cabeza ocasionado por el brutal ataque. En ese momento, fue trasladado a un hospital de la zona y posteriormente remitido a un centro asistencial en Cali, donde dos días más tarde encontraría la muerte a causa de la gravedad de las lesiones.

Pero Anderson es sólo uno de los miles de personas que han muerto en Colombia como consecuencia de la violencia racial, de género y tantas otras que ponen de manifiesto la sociedad intolerante en que estamos inmersos. Aun así, no vemos a muchos de los líderes políticos, actores, figuras públicas y sociedad en general condenar la discriminación existente en nuestro país, con la vehemencia que señalan la que ocurre en el extranjero.

Tampoco nos hemos volcado a las calles a exigir trato digno para todos los habitantes del territorio y mucho menos hemos clamado justicia por nuestros muertos; y es que, si bien, podríamos decir que la medida del aislamiento obligatorio lo impide, hemos sido testigos de cómo en condiciones normales la mayoría de las personas se muestran indiferentes ante esta realidad, mientras a su vez, se criminaliza el derecho constitucional a la protesta social, tildando de vándalos a los jóvenes que luchan por materializar el derecho a la Educación; de flojos, a los maestros que exigen condiciones dignas para sus estudiantes y para desempeñar su labor; de feminazis, a quienes propenden por la igualdad de género; de guerrilleros, a quienes defienden la paz; y así sucesivamente siempre se encontrará un calificativo bajo el cual después, diferentes sectores sociales y políticos, justificarán la discriminación, violencia, e incluso, la muerte de quienes defendemos las causas que consideramos justas.

Así, somos el país que llora los muertos ajenos e ignora sus propios muertos; el país donde la vida vale dependiendo de quién la ostente; y el mismo país donde ser mujer, ser campesino, ser indígena, ser negro o ser gay, es sinónimo de vivir sabiendo que cada día podría ser el último.