Por: Antonio Castro

Después de atender las consecuencias inmediatas del terremoto del 10 de agosto, Colombia tendrá que enfrentar una tarea que puede ser incluso más compleja: reconstruir.

Y reconstruir no significa simplemente volver a levantar lo que se cayó. Significa decidir qué se atiende primero, cuánto se invierte, cómo se contrata y, sobre todo, cómo se garantiza que los recursos lleguen realmente a quienes los necesitan.

El Gobierno Nacional declaró, mediante el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para atender las consecuencias del terremoto. La medida tiene fundamento en el artículo 215 de la Constitución y habilita la adopción de medidas extraordinarias relacionadas con la calamidad, dentro de los límites constitucionales.

Pero una emergencia no suspende la responsabilidad del Estado.

Por el contrario, cuando se administran recursos públicos en medio de una situación excepcional, la responsabilidad de las autoridades es todavía mayor.

La urgencia puede exigir decisiones rápidas. Lo que no puede justificar es la improvisación.

La emergencia no puede convertirse en un cheque en blanco

Lo primero debería ser recuperar los servicios esenciales.

Salud, educación, agua, energía y vías de acceso no pueden quedar relegados mientras se diseñan grandes proyectos de reconstrucción. Una comunidad puede soportar durante algún tiempo la pérdida de una infraestructura, pero no puede permanecer indefinidamente sin atención médica, sin escuelas o sin servicios básicos.

También habrá que preguntarnos si vamos a reconstruir exactamente lo que teníamos o si esta tragedia puede servir para corregir problemas que durante años hemos aprendido a tolerar.

Si una escuela estaba ubicada en una zona de riesgo, no tendría sentido simplemente volver a levantarla en el mismo lugar. Si una vía llevaba años sin mantenimiento, la reconstrucción debería ser una oportunidad para mejorarla. Y si un hospital tenía dificultades antes del terremoto, sería un desperdicio limitarse a reparar sus paredes.

Reconstruir también significa aprender.

Aquí aparece una de las mayores responsabilidades jurídicas de esta etapa.

La emergencia puede habilitar procedimientos excepcionales cuando la Constitución y la ley lo permiten. Pero esa excepcionalidad no significa ausencia de controles. Los principios que orientan la función administrativa siguen siendo fundamentales: el interés general, la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía y la imparcialidad.

Cuando se trata de contratación pública, la rapidez debe estar acompañada de justificación, seguimiento y transparencia.

Los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto dinero se destina a la reconstrucción, qué entidad lo administra, quién ejecuta los contratos y cuáles son los resultados.

No podemos esperar a que termine la emergencia para comenzar a preguntar dónde quedó la plata.

Los organismos de control tendrán también una responsabilidad fundamental. La vigilancia sobre los recursos destinados a la reconstrucción no puede entenderse como un obstáculo para atender la emergencia. Por el contrario, es una garantía para que cada peso cumpla la finalidad para la que fue destinado.

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La excepcionalidad puede modificar la forma de actuar del Estado.

No puede cambiar el deber de responder por los recursos públicos.

La reconstrucción no puede tener color político

Hay otro riesgo que debemos evitar desde ahora: que la reconstrucción termine convertida en una herramienta electoral.

Los recursos públicos deben distribuirse de acuerdo con la magnitud de los daños y las necesidades de las comunidades, no según la afinidad política de sus gobiernos locales o de sus ciudadanos.

En una democracia, el Estado no puede preguntar primero por quién votó una persona antes de decidir si merece ayuda.

La tragedia afecta ciudadanos, no partidos políticos.

Y este punto será especialmente importante en un país donde la polarización política sigue marcando buena parte de la discusión pública. La emergencia no puede utilizarse para premiar aliados, castigar opositores o construir ventajas electorales.

La administración pública está al servicio del interés general y la reconstrucción debe seguir esa misma lógica.

Pero hay algo más que no deberíamos perder de vista: esta emergencia también debería obligarnos a revisar nuestra capacidad de prevención.

Colombia no puede esperar a que ocurra una tragedia para preguntarse si sus escuelas son seguras, si sus hospitales pueden responder ante una emergencia o si sus sistemas de atención funcionan adecuadamente.

Invertir en prevención puede resultar mucho menos costoso que volver a pagar, después de una tragedia, por los mismos errores que pudieron evitarse.

El terremoto del 10 de agosto de 2026 dejará daños que tardarán tiempo en desaparecer. Pero también debería dejar una lección institucional: no basta con tener recursos para responder después de una tragedia; necesitamos instituciones capaces de prevenir, reaccionar y reconstruir con responsabilidad.

La ciudadanía no solamente tendrá que mirar cuántas obras se entregan.

También deberá preguntar cuánto costaron, por qué fueron necesarias, quién las ejecutó y si realmente llegaron a quienes las necesitaban.

Porque después de una tragedia, reconstruir no es solamente levantar edificios. Es demostrar que el Estado puede administrar los recursos públicos con transparencia, responsabilidad y sentido de país.

Aviso: Las opiniones y redacción en esta columna pertenecen exclusivamente al autor y no comprometen el pensamiento editorial de Enfoque TeVé 360. Abrimos este espacio como un ejercicio de libre expresión y pluralidad.