Iberoamérica abarca más de 20’500.000 kilómetros cuadrados y tiene una población que supera los 680 millones de habitantes. La complejidad de las problemáticas sociales de cada país se vio agudizada por la pandemia de la Covid-19, aumentando la preocupación de los gobiernos por erradicar el crimen, que en sus múltiples facetas en ocasiones asume el rostro de la ciberdelincuencia, la corrupción o los crímenes contra el medioambiente.

A partir de un vistazo a los registros delictivos de los últimos años, al rol de los ministerios de Justicia, frente a ellos y a un informe de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB), la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano desarrolló una investigación llamada “Las máscaras de la criminalidad durante la Covid-19”, en la que se analizaron datos, se contrastaron los informes con nuevas fuentes y se entrevistaron 20 expertos de países como Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Costa Rica, España, México y Colombia para tener una comprensión mayor sobre los distintos tipos de criminalidad. Además, se contó con la colaboración de colegas de República Dominicana, Portugal, Panamá, México, Honduras y Perú que permitió ampliar la mirada sobre estas problemáticas a partir del trabajo que se hace desde cada país de Iberoamérica.

Los detalles de esta investigación fueron revelados en el lanzamiento realizado el pasado 28 de septiembre en el auditorio Jaime Michelsen del Politécnico Grancolombiano, con la participación de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica que presentó su informe, además de un panel en el que participaron Iván Cancino (abogado colombiano), Alejandro Pino Calad (periodista y director de Publimetro Colombia), Carol Fior Pérez (periodista puertorriqueña), Ana María Islas (periodista mexicana), Martin Gershanik (abogado argentino), Claudia Marques Santos (periodista portugués) y una periodista de Nicaragua a quien reservan su nombre por temas de seguridad.

Corrupción:

Las cifras de corrupción en Iberoamérica, especialmente en América Latina, son alarmantes. Según Transparencia Internacional, entidad encargada de analizar la percepción de corrupción a nivel global, esta problemática se convirtió en una grave crisis durante los años más álgidos de la Covid-19: 2020 y 2021. En Ecuador, por ejemplo, se presentaron sobrecostos en la compra de insumos de bioseguridad; en Bolivia hubo irregularidades en la adquisición de tecnología médica; en Colombia se presentaron casos de contratos sin cumplimientos legales; y en Argentina se desviaron las miradas a posibles irregularidades en el plan nacional de vacunación. Así como en estos cuatro casos, varios países de la región iberoamericana se vieron envueltos en problemáticas relacionadas y tuvieron consecuencias legales. Esto según el informe revelado por la Conferencia de ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).

El documento expresa, en cifras, cómo la mayoría de los países de la comunidad tuvieron casos de corrupción y cómo debieron hacerle frente para intentar contrarrestarla. De hecho, según COMJIB: “Esta situación ha sido especialmente grave en Latinoamérica, lo que llevó a las Naciones Unidas a crear un Observatorio Regional de Precios de Medicamentos, a los fines de evitar irregularidades en la compra de medicamentos e insumos médicos”. Con los ojos de la ONU puestos encima, cada nación tuvo que emplear políticas nacionales para priorizar la transparencia en sus adquisiciones, pues la situación en algunos países comenzó a presentar aumentos en diferentes delitos.

En Colombia:

En territorio nacional, durante el 2020 y el 2021, presentaron 726 casos de cohecho, 7.578 casos de malversación o peculado, 765 casos de tráfico de influencias, 37 personas privadas de la libertad por enriquecimiento ilícito y 1.502 denuncias por lavado de dinero.

Ciberdelincuencia:

Según una investigación de GWI, durante el 2021, un usuario “típico” de internet pasó casi 7 horas al día usándolo en todos sus dispositivos. En este mismo año, los ciberdelitos crecieron de manera alarmante, puesto que las condiciones en las que se desarrollan favorecen el modus operandi de los delincuentes: altas tasas de anonimato, mínimo de evidencia posible, vacíos jurídicos en los procesos, mínimo de conocimiento tecnológico disponible de las autoridades y el uso de criptomonedas como medio de valor de los delitos. Esto lleva a que robar en la web sea más fácil y cómodo.

El aumento de ciberdelitos no se dio solo en materia de robo de datos o estafa, también se verificó un aumento en delitos contra la niñez, como la comercialización de pornografía infantil o el grooming, que se refiere a la acción de acosar sexualmente a un menor por un medio digital. Según la COMJIB estas fueron las acciones delictivas que mayor aumento presentaron entre el 2020 y 2021.

En Colombia, en 4 años (2018, 2019, 2020, 2021) se presentó un aumento de casi 50 % en delitos de pornografía infantil y hurto por medios informáticos; además hubo un aumento del 300 % en acceso abusivo a sistema informático. Lo anterior como muestra del incremento exponencial de los ciberdelitos durante de la pandemia.

Delitos medioambientales:

La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) logró evidenciar que los delitos ambientales se incrementaron por la menor presencia de entes reguladores medioambientales: “En 2020 se batieron todos los récords de una pérdida de bosques primarios en el territorio peruano. Es que más o menos, la deforestación en Perú era de un promedio de 160 mil hectáreas, y en el 2020 pasamos de 160 mil a 203 mil hectáreas, que es el nivel más alto registrado que se tienen en estadísticas al respecto”, afirma el exviceministro de Gestión Ambiental de Perú, José de Echave.

La legislación de cada país es particular, no todos cuentan con un buen control en materia de delitos medioambientales. La mayoría carecen de herramientas para una ágil persecución de la delincuencia medioambiental, lo que se traduce en el incremento irregular de delitos, disparado principalmente en la pandemia. Sin embargo, hay otros países que sí cuentan con organismos especializados, lo que permite un correcto seguimiento, penalización y prevención de los distintos crímenes. Aquellos territorios que carecen de una legislación robusta y efectiva es donde mayores delitos se cometen, frente a los que sí cuentan con organismos de control especializados.

La principal causa de estos delitos son los intereses económicos y esto desencadena la vulneración de una población que trabaja en defensa del medio natural, la mayoría son personas pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes. Los sectores que más ataques a defensores medioambientales provocan son la explotación forestal, la gestión del agua, la minería y otras industrias extractivas y la industria agrícola. Colombia, México, Brasil y Honduras son las regiones más afectadas por este fenómeno. Por otro lado, La Amazonía Legal es el territorio más afectado por conflictos en defensa del medio ambiente.

Un dato adicional: en Colombia, tan solo en el 2020, 65 líderes ambientales fueron asesinados. 1/3 de la población eran indígenas y afrodescendientes, mientras la mitad eran agricultores a pequeña escala.