El proyecto busca transparentar la gestión de recursos de los congresistas y erradicar acuerdos ocultos en la asignación presupuestal.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, radicó formalmente ante el Congreso de la República el proyecto de reforma constitucional conocido como ley «anti-mermelada».

La propuesta, respaldada por la administración del presidente Abelardo de La Espriella, apunta a eliminar las negociaciones presupuestales opacas entre el Ejecutivo y los legisladores para dar paso a un esquema con trazabilidad ciudadana.

Los cuatro pilares de la reforma constitucional

El articulado presentado busca regular las gestiones de senadores y representantes a la Cámara para evitar que los cupos de inversión deriven en prácticas corruptas o clientelistas.

El proyecto contempla un registro público obligatorio de las iniciativas regionales gestionadas por congresistas, la reglamentación estricta del cabildeo y la divulgación de conflictos de interés.

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Asimismo, la normativa obligará a hacer públicos los financiadores de campañas electorales y permitirá que los legisladores postulen obras territoriales de manera abierta.

«La mermelada es lo que se distribuye de manera oculta, subrepticia; cuando los proyectos son por encima de la mesa, eso se llama desarrollo», afirmó Rodrigo Lara.

Trámite legislativo y mensaje de urgencia

La radicación se efectuó en el marco de la agenda anticorrupción gubernamental y contará con mensaje de urgencia para agilizar su discusión en las cámaras legislativas.

Al tratarse de un acto legislativo, la reforma constitucional deberá superar ocho debates reglamentarios en dos periodos ordinarios consecutivos para ser aprobada.

¿Qué sigue en el trámite legislativo?

El texto iniciará su primer debate en la Comisión Primera del Congreso de la República, donde se medirá la correlación de fuerzas de las bancadas frente a los nuevos controles sobre los recursos regionales.