El Ejecutivo presentó el proyecto que reforma la Ley 418 para el acogimiento unilateral de grupos armados, sin estatus político ni cese de extradiciones.

El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella radicó este martes 13 de octubre de 2026 ante el Congreso de la República el proyecto de ley que modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, fijando las condiciones jurídicas unilaterales para el sometimiento a la justicia de grupos armados ilegales y estructuras criminales en Colombia.

La iniciativa legislativa fue entregada al secretario general de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Sánchez, por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Alfonso Cancino, consolidándose como la primera gran apuesta de seguridad de la actual administración.

El articulado establece que el proceso no otorgará estatus político ni abrirá mesas de negociación con las estructuras criminales, limitando cualquier acercamiento a una interlocución netamente judicial a través de apoderados jurídicos.

Condiciones de sometimiento, rebajas y penas mínimas:

El proyecto de ley contempla reducciones punitivas de hasta el 30 % para cabecillas o personas con mando dentro de las organizaciones y de hasta el 50 % para los demás integrantes.

Dichas rebajas estarán sujetas a la entrega absoluta de bienes ilícitos, aporte efectivo a la verdad y contribución directa en temas de desminado, erradicación de cultivos ilícitos y localización de secuestrados y desaparecidos.

«Una posición muy firme de orden público, pero al mismo tiempo entrega un marco normativo para el acogimiento a la justicia de las organizaciones criminales», declaró el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, sobre el propósito del articulado.

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Para los líderes de las organizaciones armadas, la iniciativa impone penas privativas de la libertad no inferiores a 10 años y aclara que no habrá excarcelaciones para personas privadas de la libertad ni suspensión de órdenes de captura o solicitudes de extradición.

Asimismo, el documento crea una unidad especializada dentro de la Fiscalía General de la Nación y establece la figura de Intervención Territorial Integral (ITI) para la recuperación institucional de zonas vulnerables, sustituyendo economías ilícitas de manera permanente.

¿Qué sigue? Mensaje de urgencia y estatuto antiterrorista:

El proyecto, conformado por 22 artículos y 17 páginas, será tramitado con mensaje de urgencia y pasará a estudio conjunto en las comisiones primeras del Senado de la República y la Cámara de Representantes.

En paralelo, el Ejecutivo alista la presentación de un estatuto antiterrorista en el legislativo, el cual endurecerá el régimen carcelario para jefes criminales e incrementará las herramientas judiciales contra las rentas ilícitas.