CADENA PERPETÚA UNA MEDIDA POPULISTA E INCONSTITUCIONAL

POR: Joaquín Acosta

El Congreso de la República aprobó la cadena perpetua para violadores de niños, una de las más sonadas promesas de campaña del Presidente Duque, y una de las pocas que ha podido cumplir, pero falta la revisión por parte de la Corte Constitucional y otras razones por las cuales esto no es más que una estafa populista e inconstitucional.

Primero tenemos que partir desde el principio que Colombia cuenta con un bloque de constitucionalidad; Una seria de tratados internacionales firmados por el país que tienen carácter vinculante en materia de derechos humanos, los cuales se han suscrito proscribiendo las penas y tratos inhumanos.

Si revisamos también desde el punto de vista constitucional, tendría también que modificarse una serie de normas desde el punto de vista sistemático para poder introducir este tipo de pena en el ordenamiento jurídico colombiano, más específicamente en el ámbito penal. Después de todo, la cadena perpetua va en contra misma de la naturaleza del sistema penal colombiano, que pretende manejar una función resocializadora de las penas.

Así mismo, recordemos que la Comisión Asesora de Política Criminal; grupo conformado por académicos y abogados expertos en política criminal, por petición del Ministerio de Justicia, elaboró un informe el cual fue entregado en mayo del 2019, donde claramente le dice al gobierno que la cadena perpetua no solo no sería útil para prevenir estos delitos contra los niños, sino inconveniente y violatoria de tratados internacionales.

También señalan los expertos que teniendo en cuenta que el costo de manutención anual de una persona privada de la libertad asciende a más de 18 millones de pesos, con la cadena perpetua el Estado incurriría en gastos incluso mayores para manutención de los victimarios,  ignorando la recuperación y bienestar de las víctimas.

Solo para contextualizar lo anterior, con el dinero que cuesta sostener anualmente a una persona condenada a prisión $18’371.560, se podría costear el estudio anual de aproximadamente 9 niños de primaria, o de 8 jóvenes de secundaria y de 8 jóvenes de décimo y undécimo grado de bachillerato.

Ahora ¿Dónde está la prevención? el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia demanda este proyecto de ley contra la Corte Constitucional a la que denominan ‘’adefesio de acto legislativo’’, aclarando que esta medida no tiene efecto alguno pues no trata la prevención del problema, y su efecto disuasorio es nulo con una ley desgastada como la colombiana; un sistema judicial sobrecargado y un sistema penitenciario sobre poblado, no atemorizan a los delincuentes.

Por último, estamos olvidando lo más importante ¿Por qué un proyecto de ley como este ahora? ¿No tenemos mayores problemas con las medidas a tomar por la pandemia? ¿Y la reactivación económica? ¿La educación para los niños en medio de la pandemia? Dos años se tomó el gobierno de Duque para traernos un acto legislativo que no solo es ineficaz a la hora de proteger a los niños, sino incluso inconstitucional, destinado al fracaso.

Personalmente veo este acto legislativo como algo populista e inconstitucional, porque no vemos que la prisión perpetua sea el mecanismo para proteger a nuestros niños, al contrario, porque la persona que vaya a cometer este deplorable acto, si sabe que por la violación va a tener una cadena perpetua, pues va segar la vida de este niño o niña ya que hoy el homicidio no cuenta con este tipo de pena.