Por: Efran Lugo

¿Recuerdan ustedes que el último año del gobierno pasado se volvió indefendible? Esto ocurrió debido a una serie de errores, decisiones cuestionables y salidas en falso, tanto del entonces mandatario Gustavo Petro como de algunos de sus ministros.

En esta misma situación no puede caer el gobierno de Abelardo de la Espriella. Y lo digo porque, aunque algunos medios de comunicación privados parecen respaldar buena parte de las acciones del Gobierno, hoy, con el auge de las redes sociales, un video de un influencer puede alcanzar mayor impacto y credibilidad entre los ciudadanos que una noticia publicada por un medio tradicional como Caracol o Semana.

Lo que ha sucedido en las últimas semanas merece atención. Se han tomado decisiones que empiezan a dejar mal parado al Gobierno actual y, paradójicamente, terminan dándole un respiro a la crítica que durante meses se hizo a la administración anterior.

Recordemos que la derecha colombiana se paró duro, como se dice coloquialmente, frente al manejo de los recursos de los fondos de pensiones. Sin embargo, ahora el Gobierno de Abelardo de la Espriella autorizó, mediante decretos expedidos en el marco de la emergencia económica, el acceso excepcional a recursos del Fonpet para que determinadas entidades territoriales puedan atender las consecuencias del terremoto y la emergencia derivada de este. (Presidencia de la República)

Es cierto que la medida tiene un carácter excepcional y que el Gobierno sostiene que se trata de recursos destinados a dar liquidez temporal a los territorios afectados. Pero la pregunta que debemos hacernos es otra: ¿hasta dónde estamos dispuestos a utilizar recursos pensionales para resolver emergencias presentes sin poner en riesgo la capacidad de respuesta del Estado frente a futuras crisis?

Durante años, distintos gobiernos han utilizado recursos administrados por fondos pensionales territoriales para financiar determinadas obligaciones e inversiones. Por eso, más allá de quién tome la decisión, lo importante es que exista absoluta claridad sobre cuánto dinero se utilizará, bajo qué condiciones deberá ser reintegrado y cuáles serán las garantías para proteger los recursos destinados a las pensiones.

Porque nadie puede olvidar que una emergencia puede ser reemplazada por otra. ¿Qué pasaría si mañana Colombia tuviera que enfrentar una nueva pandemia, una crisis económica internacional o una caída extrema de los ingresos provenientes del petróleo? La responsabilidad fiscal no puede medirse únicamente por la capacidad de encontrar recursos para resolver el problema de hoy; también debe contemplar la capacidad de responder a las necesidades de mañana.

De otra parte, hay un escándalo que, a mi juicio, sobrepasa una línea muy delicada: la declaratoria de insubsistencia del director del DANE, Ricardo Valencia.

El funcionario fue retirado del cargo después de afirmar que no había encontrado anomalías en las cifras del DANE correspondientes a julio, último mes del gobierno de Gustavo Petro. La Presidencia argumentó que esas afirmaciones se produjeron antes de realizar auditorías profundas y que era necesario revisar rigurosamente la información recibida. (El País)

Pero más allá de las razones expuestas por el Gobierno, este episodio deja una pregunta política e institucional que no puede ignorarse: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno en su intención de revisar las cifras de la administración anterior sin afectar la independencia técnica de una entidad como el DANE?

El DANE no puede convertirse en una oficina encargada de demostrar que todo lo que hizo el gobierno anterior estuvo mal, así como tampoco debería convertirse en una entidad destinada a defenderlo. Su obligación es producir información estadística confiable, independientemente de quién ocupe la Casa de Nariño.

Y si un funcionario afirma que, después de una revisión, no encontró evidencia de manipulación en determinadas cifras, la respuesta institucional debería ser profundizar la revisión técnica y hacer públicos sus resultados, no generar la impresión de que decir algo diferente a la narrativa oficial puede terminar costándole el cargo.

Ahí es donde debemos tener cuidado. Porque una cosa es revisar, auditar y corregir; y otra muy diferente es pretender que las instituciones se acomoden a la narrativa política de turno.

Ahora llegamos al último asunto, quizá uno de los más complejos: las regiones.

¿Recuerdan el discurso del empalme? El presidente De la Espriella se comprometió a no repetir lo que, desde su sector político, tanto se cuestionó del gobierno de Gustavo Petro: la falta de inversión suficiente en los territorios.

Sin embargo, el debate alrededor del presupuesto de 2027 comienza a generar preocupación. El Congreso aprobó un presupuesto de $634,9 billones, en medio de una situación fiscal compleja y con un déficit proyectado significativo. (Reuters)

Y aquí aparece la preocupación de gobernadores y alcaldes: un presupuesto nacional que aumenta en términos generales no necesariamente significa que todas las regiones recibirán más recursos. Lo importante es revisar cómo queda distribuida la inversión territorial y qué departamentos terminan perdiendo capacidad de financiación.

En el caso del Tolima, la preocupación señalada es todavía mayor: se habla de una reducción del 17,4 % en determinados recursos destinados al departamento. Si esta cifra se confirma en la distribución definitiva, estamos frente a una situación que debe ser explicada con absoluta claridad.

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Porque si con los recursos que se tenían anteriormente no se logró avanzar todo lo que necesitaban nuestros municipios, ¿qué podemos esperar si se reduce la inversión destinada al departamento?

El Tolima no puede quedarse únicamente con discursos, fotografías y promesas de grandes obras. Necesitamos recursos, proyectos ejecutados y resultados concretos.

Por eso esperamos que la buena interlocución entre la gobernadora y el presidente permita que las obras reales del Gobierno nacional lleguen al departamento. Pero también esperamos que nuestros congresistas hagan lo propio: que defiendan al Tolima, que revisen las cifras, que expliquen qué recursos fueron aprobados para nuestro territorio y que, si existe una disminución, den la pelea institucional para evitar que el departamento termine pagando una factura que no le corresponde.

Hay dos representantes del Tolima en las comisiones económicas del Congreso. La pregunta es sencilla: ¿qué hicieron frente a la destinación de recursos para nuestro departamento?

Defender un gobierno no significa justificar absolutamente todo lo que hace. Así como durante el gobierno de Gustavo Petro muchos exigimos independencia, control político y capacidad crítica, hoy debemos exigir exactamente lo mismo.

Si Abelardo de la Espriella llegó al poder prometiendo un cambio, debe entender que ese cambio también implica aceptar la crítica, respetar las instituciones y gobernar para todos los colombianos.

Porque una cosa es defender un proyecto político y otra muy diferente es defender lo indefendible.

Y si quienes acompañaron electoralmente a De la Espriella terminan justificando cada error, cada decisión cuestionable y cada resultado negativo, corremos el riesgo de repetir exactamente aquello que durante años criticamos.

El poder necesita controles. Los gobiernos necesitan oposición. Las instituciones necesitan independencia. Y los ciudadanos necesitamos información para poder juzgar por nosotros mismos.

Aviso: Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor y no comprometen el pensamiento editorial de Enfoque TeVé 360. Abrimos este espacio como un ejercicio de libre expresión y pluralidad.