Por: Melissa Barreto

El Gobierno de Colombia decidió retirar al país de la Equal Rights Coalition (ERC), una alianza internacional que reúne a Estados y organizaciones de la sociedad civil para promover y proteger los derechos de las personas LGBTIQ+.

La decisión fue comunicada este jueves 17 de septiembre por la Cancillería y tiene efectos inmediatos. Con la salida, Colombia también abandona la copresidencia de la organización que ejercía junto con España.”– 18 de septiembre – El Colombiano, Colombia se retira de la Equal Rights Coalition, alianza internacional que protege los derechos LGBTIQ+.

Recordemos rápidamente de que trata esta coalición y cual es su objetivo. La Coalición por la Igualdad de Derechos, nació de la necesidad de coordinar esfuerzos entre países en materia de derechos humanos, desde el gobierno, hasta lo particular. Su objetivo es promover los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales. Actualmente reúne a 43 Estados miembros de África, Europa, América Latina, América del Norte, Asia y Oceanía.

Ahora esta decisión que implica realmente en Colombia. Desde un panorama internacional, el mensaje es claro, para Colombia los derechos de la comunidad LGBTIQ+, no son prioridad.

¿Esto quiere decir que con esta acción todos los derechos LGBTIQ+ desaparecen?

La respuesta rápida es, no, no van a desaparecer los mandatos de la constitución sobre igualdad, no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, dignidad. Tampoco van a desaparecer los proyectos de ley ya aprobados o sentencias a favor de los derechos LGBTIQ+.

Lo que va a desaparecer es la garantía, sin una presión externa, estos derechos quedan a merced de la suerte e intereses políticos del momento. Sin un apoyo para el cumplimiento de sentencias o políticas públicas en beneficio de los derechos la comunidad y quitando todo enfoque de derechos humanos en las próximas políticas publicas para la misma.

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Y con esto el problema se agrava, porque todos los avances en derechos o políticas públicas en pro de la comunidad, no solo quedan estancados. Sino también ineficientes, un retroceso en la activación de rutas de atención y protección no solo en violencia sexual y física, sino también en accesos a derechos básicos como la educación, salud o incluso la no discriminación para acceder a empleos, de las personas LGBTIQ+.

Entonces, jurídicamente todo se mantiene, sin embargo, queda la pregunta, ¿Se cumplirá?, ¿hay garantía para acceder a rutas de atención y protección?, ¿hay garantía de que el acceso a la administración de justica sea favorable para la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+?

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