VIOLENCIA CIVIL Y VIOLENCIA POLICIAL

Los eventos que han sacudido al país en los últimos días, desatados por el homicidio de Javier Ordóñez, han suscitado controversias personales y políticas que develan los más profundos sentires de cada ser humano en su individualidad.

Pero, a pesar de las controversias, hay un solo punto en el que todos, o al menos la mayoría estamos de acuerdo: Colombia es un país en donde la violencia se ha perpetuado desde el ámbito social e institucional, y nadie quiere continuar en ese eterno ciclo que acaba con todo a su paso, recrudeciéndose cada tanto.

Ahora bien, vale la pena mencionar que el pasado 9 de septiembre fueron dos las fuerzas que se enfrentaron. Por un lado, la ciudadanía, movida por la indignación, el dolor y el cansancio hacia la fuerza policial y la institucionalidad, que ha mostrado en diversas ocasiones proceder con desdén hacia quienes debería proteger, atentando contra las garantías fundamentales que atañen a todo ser humano por el sólo hecho de serlo.

Por otro, esta última, la fuerza policial. Un cuerpo civil armado permanentemente, cuyo fin constitucional es proteger la convivencia pacífica y mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas de toda la comunidad.

Es entonces precisamente ese fin donde hallamos el punto de quiebre para comprender que, aunque la violencia es reprochable cualquiera sea su procedencia, no es equiparable desde el punto de vista político, jurídico y moral.

Me explico. En Colombia, el artículo 6 de la Carta Magna, establece lo siguiente: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.”

Resulta así evidente, que para los servidores públicos, como lo son los adscritos a la Policía General de la Nación, hay una carga jurídica superior que les impone, además de las que tiene cualquier ciudadano, no extralimitarse en sus funciones ni omitirlas, como garantía de seguridad a la ciudadanía.

Y es apenas lógico, pues debe haber un grado de responsabilidad mayor y unos límites considerables en cabeza de quienes tienen atribuida legítimamente no sólo el uso de la fuerza, sino también el uso de las armas, de las cuales, en cualquier momento y como ocurrió en los días anteriores, pueden abusar de ellas.

Sin embargo, hay algo que no puedo dejar de decir, pues aunque no tendría jamás el grosero atrevimiento de decirle a un pueblo que, como una bomba de tiempo y enardecido por los abusos  emanados de las diferentes autoridades, no protesten con furia ante los excesos que sufren los sectores populares y menos privilegiados en manos de una clase política que gobierna en favor de unos pocos; sí considero necesario que desde la sociedad civil y los sectores alternativos se geste, más allá de las necesarias movilizaciones sociales, un proyecto político serio con miras a promover y materializar las reformas estructurales necesarias para que la violencia social e institucionalizada cese, y demos el primer paso para reinstaurar la democracia y reconciliarnos como sociedad.