Por: Germán Sánchez

Que casi 70 líderes sociales hayan sido asesinados en lo corrido de 2024 es una tragedia, un hecho triste y estremecedor.

Es realmente escalofriante que suceda aún, cuando se creyó que sería una prioridad real y no retórica del primer gobierno abiertamente de izquierda de Colombia. Por ejemplo, que entre el 1 de enero y 28 de diciembre de 2023 fueran asesinados 188 líderes sociales, según Indepaz, es aberrante.

Son vidas humanas, luchadores por sus comunidades barriales, veredales, étnicas o de cualquier condición, las que se perdieron frente a lo que parece una pasividad del Gobierno nacional o un fracaso estruendoso de sus políticas en ese aspecto o al menos una incapacidad total de entender los factores de violencia contra los líderes y atenderlas con la contundencia del Estado, de sus fuerzas de seguridad y el uso legítimo de las armas contra los violentos que los asesinan.

Por lo delicado del asunto, ese sí es un tema que debería estar ocupando la agenda nacional. El que se siga cometiendo tal cantidad de asesinatos en todas partes del territorio nacional no es lógico, cuando se supone que buena parte de los colombianos votaron por un cambio para parar de una vez con ese desangre y no para que tuviéramos dos años de palabrería, tres de discursos, cuatro de retórica, cinco de diagnósticos, seis de políticas fallidas en ello y siete de inoperancias como se avizora.

Ese parece ser el libreto actual del no hacer, pero sí decir y prometer mucho. Si a esto íbamos a llegar, era mejor haber continuado con gobiernos pusilánimes en ese sentido como los anteriores, a los cuales ya se parece mucho y está copiando al dedillo el actual mandato nacional colombiano.

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Es hora de que el país se ponga serio y le exija al Gobierno echar menos culpas y tratar de crear elucubraciones históricas, teorías conspirativas que no lo dejan avanzar, hipótesis, filosofías latinoamericanistas, ilusiones compartidas de lo que debería ser en papel una potencia mundial de la vida -pero no la realidad- y que se ponga a proteger la vida, sí la vida, la vida misma de esos líderes sociales que permite asesinar como patos en un tiro al blanco.

Es momento de gastarse una platica, unas canas, dos neuronas para entender lo importante de dar seguridad a la vida de esas personas llamadas líderes sociales. Sin excusas, sin echar culpas, sin el facilismo del dedo acusador para señalar las causas y consecuencias del pasado, pero sin mover un ápice para salvaguardarlos en el hoy.

Basta ya se analizar factores de violencia -todos los sabemos y están sobre diagnosticados-. Cese de una vez con el odio y señalar la paja en el ojo ajeno -muy al estilo del expresidente Uribe-, hay que ponerse serio, con la cabeza bien puesta y despejada a trabajar, a hacer, a proteger, a desarrollar las tácticas de las estrategias en materia de seguridad para salvaguardar la vida de esas personas.

No es posible que luego de casi dos años de un gobierno de izquierda, que se supone traería el cambio no se haya avanzado en nada en evitar que maten líderes. Y no salgamos ahora con la disculpa que daría un flojo “carretudo”, señalar a “los últimos 100 años de lo mismo”, porque el panorama muestra que estamos iguales, es decir, ya serían 102 años de esa misma matanza abierta y pública.

Me perdonarán si sienten que escribí esta columna desde mi pasión y no desde la razón, pero es que conocí los últimos informes de casi todas las organizaciones del país que estudian este tema y el panorama es simplemente desolador, parece que no se hubiera cambiado de Gobierno y que al actual el tema no le importara y fuera uno más solo para echarse un cuento público e incendiario en X. No hay derecho a tanta desconsideración institucional con la vida de los líderes sociales.