Por Heryk Farfán

Con la captura de un docente en Ortega, el 01 de marzo, por presunto abuso sexual a cuatro alumnas de primaria, entre los 9, 10 y 11 años, se mantiene el debate en el Tolima, sobre los protocolos para la denuncia de acoso sexual en centros educativos.

Según estadísticas de la Secretaría de Salud Departamental, durante el 2023, con cierre al 02 de diciembre, se registraron 2.992 denuncias por violencia de genero e intrafamiliar, de las cuales, 794 fueron por violencia sexual, y de estas, 130 por acoso sexual, siendo mujeres las que más denunciaron con el 90.8%, frente al 9.2% de los hombres. Cifras que cada año aumentan, puesto que, para esa misma fecha en 2022 se denunciaron 2.767 casos, mientras en 2021, fueron 2.370.

Entre tanto, en 2023 los municipios con mayores denuncias fueron, Ibagué con el 32.5%; Espinal con 5.1%; Chaparral 4.6%; Melgar 3.6%; a su vez, Rioblanco y Coyaima, ambos con 3.5%. Pero llama la atención que, de las 2.992 denuncias, solo 865 fueron reportadas en zona rural, muy seguramente, la razón no se debe a que allí se registren pocos hechos, sino, porque la realidad del acceso a la denuncia es otra en zonas no interconectadas o apartadas.

La preocupación aumenta, al evidenciarse que la mayor cantidad de denuncias estuvieron en el rango de edad entre los 10 y 14 años, con 530 casos; y si sumamos los reportes entre 0 y 4 años que fueron 285; y entre los 5 y 9 años, que fueron 275; se refleja que, de los 2.992 casos, 1.090 fueron a menores entre los 0 y 14 años; y son los más pequeños, los que menos oportunidades de denunciar tienen, y los más vulnerables.

Muchos casos de abuso sexual nunca serán denunciados, y son los entornos cercanos a los menores donde más ocurren los casos de violencia sexual, pero justo, es allí donde también se espera su cuidado y protección, como es en la familia y en los centros educativos, este último cumple un rol fundamental en la identificación de casos, porque es el espacio donde la mayoría de los niños y niñas convergen y exponen sus experiencias de vida.

En la era de la digitalidad cuando se suman esfuerzos para fortalecer la educación virtual, es importante plantear las pautas, para que se garanticen los espacios sociales, los cuales le permiten a los menores hablar y denunciar, donde los docentes y consejeros académicos se convierten en parte fundamental, y deben contar con las herramientas y la capacitación para reconocer las señales, y según sus competencias, iniciar las rutas de denuncia.

Lastimosamente, en algunos casos no se interponen las denuncias debido al vinculo personal con el abusador, ante la negación del abuso por el entorno familiar, por el temor a las represalias, por minimizarse los hechos, además de la revictimización, las posibles experiencias negativas o traumáticas en los procesos judiciales, y el desconocimiento o la desconfianza en el sistema de justicia.

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Es importante tener claro, que el hostigamiento sexual está relacionado a insinuaciones, contacto físico, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía, o exigencias sexuales, tanto verbales como, de hecho. Estas conductas pueden ser humillantes, y afectar la salud física y mental, además de la seguridad.

En el caso de Ibagué, el Concejo Municipal a través del acuerdo 022 del 05 de diciembre de 2020, creó el comité interinstitucional consultivo para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes, víctimas del abuso sexual; por su parte, el Tolima también cuenta con un comité similar para abordar estos hechos.

Pero más allá de activar los protocolos y mecanismos de denuncia contemplados en la Ley, la problemática también está en generar la confianza y promover la denuncia, facilitando y eliminando barreras, en especial en el sector rural. Por eso es importante resignificar el papel de la escuela ante la vulneración de los derechos sexuales de los niños, y desde los gobiernos que se brinden las herramientas.

También vale decir, que existe la posibilidad de que algunas acusaciones de violencia sexual sean falsas, que pueden ser por venganza, chantajes económicos, por remordimiento en infidelidades; y hasta por intereses de custodia en menores de edad. Por eso, es importante tener claro que hasta que un juez de conocimiento determine lo contrario, el procesado es inocente.

Este tema debe abordarse de manera sensible y con equilibrio, motivando a los Concejos, Asambleas, al Congreso y a los gobiernos, a actuar para garantizar el acceso a la denuncia, la protección, y fortalecer las instituciones educativas, donde no solo se promuevan las rutas de denuncia y atención, sino, que no guarden silencio cómplice, y más cuando los posibles abusadores son funcionarios públicos de los centros educativos.