miércoles, 5 de agosto de 2026 12:37

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Nación

Gobierno electo solicita investigar presuntas irregularidades detectadas durante el empalme

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Las denuncias fueron radicadas ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría por hechos que superarían los $370.000 millones.

El Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, informó que presentó ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación varias denuncias por presuntas irregularidades administrativas y posibles hechos de corrupción que, según el consolidado del Grupo Élite del Empalme Anticorrupción, involucrarían recursos superiores a los $370.000 millones.

De acuerdo con el comunicado oficial, entre los casos reportados se encuentra un contrato para la adquisición de 16 sistemas antidrones por parte del Ministerio de Defensa y la empresa CODALTEC. Según el equipo de empalme, el análisis técnico evidenciaría presuntos sobrecostos, un posible detrimento patrimonial superior a los $20.700 millones y fallas en la instalación y funcionamiento de los equipos.

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Asimismo, el Gobierno electo indicó que solicitó investigar un proceso de contratación directa de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por $24.800 millones, al considerar que la adjudicación se habría realizado pese a una orden judicial que suspendía el proceso de selección correspondiente.

El comunicado también hace referencia a un contrato jurídico de CENIT, filial de Ecopetrol, cercano a los $23.000 millones, sobre el cual el equipo de empalme aseguró haber entregado nuevos elementos relacionados con presuntas presiones políticas, sugerencias de perfiles profesionales al contratista y la eliminación de mecanismos de control y seguimiento.

Según la información oficial, las actuaciones fueron radicadas entre el 1 y el 3 de agosto por Germán Calderón España, director del Grupo Élite del Empalme Anticorrupción. El Gobierno electo señaló que continuará remitiendo a los organismos de control los hallazgos que surjan del proceso de auditoría para que sean las autoridades competentes las que adelanten las investigaciones y determinen si existen responsabilidades.