El Gobierno nacional presentó un plan estratégico de seguridad mediante el cual la Fuerza Pública desplegará 408.000 efectivos en todo el territorio nacional a menos de una semana de los comicios presidenciales para el periodo 2026-2030.

La medida, anunciada por el Ministerio de Defensa y la cúpula militar y de policía, busca blindar los 13.489 puestos de votación y proteger a los 13 candidatos presidenciales para asegurar que la ciudadanía ejerza el derecho al voto de manera libre y pacífica, mitigando los riesgos en zonas prioritarias y contrarrestando posibles delitos electorales.

Distribución de la Fuerza Pública y protección a candidatos

El dispositivo de seguridad anunciado contempla una división de responsabilidades entre las distintas ramas de las fuerzas armadas. Las Fuerzas Militares asumirán la custodia del 43% de los puestos de votación, mientras que la Policía Nacional estará a cargo del 57% restante. Hasta el momento, las autoridades reportan haber coordinado la seguridad de 625 actividades en plaza pública.

Como parte de las medidas prioritarias para salvaguardar el proceso democrático, el plan abarca la protección directa de los 13 aspirantes a la presidencia y sus familias, así como el acompañamiento a los eventos públicos de campaña. Con el fin de mitigar riesgos, el Gobierno Nacional estableció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita anticipar posibles atentados contra cualquiera de los candidatos.

Durante la presentación del plan, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al compromiso institucional con el orden constitucional y afirmó: “la Fuerza Pública brindará todas las garantías y hará lo necesario para proteger la democracia»

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Asimismo, el jefe de la cartera de Defensa instó a la ciudadanía a rechazar los actos de violencia o la difusión de desinformación en redes sociales orientada a generar zozobra en la población, declarando: “la violencia en las elecciones nos aleja de la democracia y nos acerca a la barbarie».

Control de delitos electorales y municipios priorizados

Para contrarrestar irregularidades como el fraude o la compra y venta de sufragios, las autoridades recordaron que se encuentra habilitada la ‘Línea de Transparencia 157’. Este canal ofrece incentivos económicos de hasta 50 millones de pesos a los ciudadanos que aporten denuncias efectivas. De acuerdo con el balance oficial de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, esta herramienta recibió 7.096 llamadas, permitiendo la incautación de 3.759 millones de pesos en efectivo y la captura de 88 personas vinculadas a conductas ilícitas.

Por último, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, informó sobre la creación de un mapa de prevención y seguridad electoral fundamentado en antecedentes históricos y denuncias recientes.

Esta evaluación técnica permitió la priorización de 67 municipios en el país calificados con un mayor nivel de riesgo. En estas localidades específicas se concentrarán dispositivos especiales y de atención institucional inmediata para reaccionar de manera oportuna ante cualquier alteración del orden público durante la jornada de votaciones.