Por: Efran Lugo

Por estos días, varios municipios del sur del Tolima son foco noticioso del país, y esta vez no por temas de paz o desarrollo rural, sino por la dinámica del conflicto ambiental generado por la minería ilegal.

Esta actividad ha tenido un crecimiento desbordado, dejando cifras preocupantes.

En municipios como Ataco, Chaparral y Planadas, la afectación por minería ilegal supera las 240 hectáreas. Asimismo, se registra la presencia de más de 200 máquinas retroexcavadoras. La población flotante ha aumentado en un 20%, con personas provenientes de distintas regiones del país.

A esta situación se suman otras problemáticas: el incremento de más del 200% en los homicidios. Ataco, el municipio donde más se concentran los frentes mineros, es hoy un territorio en el que sus ríos, el Ata y el Saldaña, cargan con el dolor de casi cinco muertos por semana, según relatan sus habitantes, quienes viven con miedo.

También es conocido, según declaraciones de las fuerzas militares y de la Gobernación del Tolima, que en la zona hacen presencia varios grupos al margen de la ley, lo que explica en parte el aumento de la violencia. Sin embargo, no se ha evidenciado un desbordamiento del conflicto entre estas estructuras. Desde un análisis social, podría decirse que el oro de los ríos Saldaña y Ata ha generado una especie de equilibrio perverso: actores ilegales e incluso sectores institucionales han permitido el avance de la minería.

Cabe preguntarse entonces: ¿cómo lograron ingresar estas máquinas al territorio con total tranquilidad? Quienes conocemos Ataco, un municipio que amo profundamente, sabemos que su única vía de acceso cuenta con presencia militar. Aun así, las máquinas entraron, de día y de noche, sin mayores obstáculos.

A manera de reflexión, ni la minería legal ni la ilegal generan un verdadero beneficio para el territorio. Aunque existen diferencias, la minería legal está regulada y sujeta a vigilancia, esta supervisión muchas veces resulta insuficiente para garantizar transparencia en la explotación de los recursos y el pago de impuestos. En ambos casos, el impacto ambiental es profundo: la remoción de tierra altera las propiedades del suelo y, a gran escala, resulta devastadora para los ecosistemas.

Recuerdo que en 2024 inició el “boom” del oro en Ataco, lo que atrajo a muchas personas ajenas al municipio en busca de este recurso. Sin embargo, en ese momento aún no se evidenciaba el nivel actual de expansión de maquinaria ni el daño al río.

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Hoy vale la pena preguntarle a los atacunos: ¿recuerdan de quién fue la primera máquina ilegal en Ataco? ¿Actuaron a tiempo las autoridades locales y departamentales para evitar lo que hoy ocurre? La respuesta a la primera pregunta es conocida por muchos. La segunda, tristemente, evidencia que quienes hoy lamentan la situación, en su momento no respaldaron a quienes alzaron la voz de alerta.

Algunos creyeron que el oro sería solo para unos pocos, sin entender que este tipo de economías ilegales no tienen dueño y que el territorio no estaba preparado para enfrentar las mafias que llegarían, no solo a extraer riqueza, sino a generar conflicto social.

Hoy vemos acciones por parte de las autoridades. Incluso, se ha permitido la salida pacífica de algunas máquinas del municipio. Sin embargo, quienes entendemos la magnitud del problema sabemos que los efectos ambientales se verán en pocos años.

Tal vez, el “león dormido” de la riqueza natural, ya sea desde la fuerza de la gema escondida de Planadas o el silencio de las montañas provenientes del Anamichú, enfrente dos caminos: apagarse para siempre o despertar con la fuerza del dolor y arrasar con todo a su paso.