Opinión
El acceso a la justicia en Colombia no es gratis, como nos han hecho creer
Por: Melissa Barreto
Un recorrido por la jurisprudencia, la legislación y la doctrina sobre el arancel judicial en Colombia revela debates clave entre el principio de gratuidad de la justicia y la necesidad de cobros para paliar la crisis presupuestal de la Rama Judicial. Arancel judicial: paliativo del padecimiento presupuestal de la Rama Judicial frente al principio de gratuidad de la justicia – Revista de Derecho Público (2014).
En Colombia, el sistema de justicia arrastra una crisis presupuestal que diversos actores del derecho y la administración judicial han denunciado repetidamente, especialmente al interponer denuncias por delitos tipificados. Según un estudio de la Universidad Externado de Colombia, el 55% de las personas enfrenta brechas de acceso a la justicia, y esta cifra se agrava si se es mujer o se padece una discapacidad.
“La justicia en Colombia implica un gasto estatal significativo y no es gratuita, como lo demuestra la necesidad de recursos financieros para abordar las ineficiencias sistémicas y las reformas” – Gasto estatal y administración de justicia en Colombia, Jorge Enrique Ramos-Forero y Daira Garrido (1996).
Aunque el tema recibe poca atención hoy, basta revisar las cifras del Observatorio de Violencia de Género de Colombia para comparar denuncias con sentencias favorables: la brecha es abismal. Ya analizamos en una columna anterior que la justicia colombiana carece de enfoque de género. Ahora, profundicemos en cómo estas brechas se ensanchan para víctimas de escasos recursos y qué “recursos” les quedan para enfrentarlas.
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La travesía promedio de una víctima de violencia de género:
Imaginemos el camino típico: la víctima presenta la denuncia. Si sobrevive al periplo de entidad en entidad, su caso –con suerte– recibe un número de noticia criminal. Si ignora el sistema penal colombiano, se va a casa y, sorpresa: el expediente se archiva. Si logra consultar el número, identificar el juzgado y el fiscal asignado, y “joder” constantemente para impulsarlo, podría avanzar. Pero si la contraparte alega vencimiento de términos o impugna una captura, el archivo es casi seguro.
Esta realidad procesal, que ya detallamos en una columna previa, se agrava por la crónica falta de presupuesto. Un fiscal promedio carga más casos que días tiene el año. Funcionarios del CTI, Medicina Legal y otras entidades carecen de condiciones laborales dignas: turnos 24/7, ausencia de herramientas básicas por recortes presupuestales y una “vocación” que justifica todo.
¿Qué le queda a la víctima? El escrache como presión social.
Ante esto, muchas optan por el escrache: denuncias públicas en redes sociales para exponer al victimario, generar indignación colectiva y presionar a la justicia, mientras alertan a la ciudadanía.
“Por la cual se establecen lineamientos para el abordaje de hechos de violencia basados en género conocidos o denunciados mediante escrache. En ejercicio del principio constitucional de unidad de gestión y jerarquía, y sin perjuicio de los principios de autonomía e independencia de los/as fiscales delegados, la fiscal general de la Nación emite los siguientes lineamientos para garantizar que las denuncias públicas de violencia basada en género, incluida la violencia sexual, sean abordadas con debida diligencia, respeto pleno de los derechos fundamentales de las víctimas y evitando la repetición o revictimización” – Directiva 001 de 2026, Fiscalía General de la Nación.
La Fiscalía ya avaló el escrache y su validez. Antes, sin indignación pública, era un riesgo para la víctima: si no encajaba en el estereotipo de “víctima perfecta”, enfrentaba el escarnio social. Ahora, con el respaldo de la Fiscalía y pronunciamientos de la Corte sobre su rol en el sistema penal, resta ver cómo evoluciona la persecución contra victimarios que lo usen en su contra.
La carga emocional y la llamada a la empatía:
La víctima no solo arrastra el dolor y las secuelas de la violencia de género, sino frustración, rabia y agotamiento ante un sistema judicial extenuante. Si el caso se hace público, suma señalamientos de opinadores desde la comodidad de sus hogares, con discursos de superioridad moral sobre su vida personal.
Los invito a ser más empáticos y prudentes. Sensibilícense: la violencia de género puede golpear en su propio hogar. Según la Defensoría del Pueblo, en los dos primeros meses de 2026 se reportaron 79 feminicidios y 13 transfeminicidios, con Antioquia, Bogotá y Atlántico a la cabeza. Y eso es solo la punta del iceberg: violencias sexuales, psicológicas, físicas y económicas muestran cifras igual de alarmantes.
La violencia de género está más cerca de lo que imaginamos.
