Conmoción Interior: El Caballo de Troya de la Expropiación Exprés

Por: Felipe Ferro Lozano

En un país que se jacta de ser un Estado de derecho, la seguridad jurídica debería ser un pilar inquebrantable. Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro parece empeñado en demoler esa garantía mediante subterfugios legales que hoy se camuflan bajo la declaratoria de conmoción interior. Mientras el país mira atónito el caos generado por esta medida excepcional, el Gobierno avanza en una mini reforma tributaria que impactará directamente los bolsillos de los colombianos, pero lo más grave es el mico escondido en uno de sus decretos: la temida expropiación exprés.

Bajo el argumento de “garantizar procesos de retorno y estabilización de víctimas de desplazamiento forzado y la reincorporación de excombatientes”, el Gobierno pretende expropiar tierras eliminando el debido proceso, el control judicial y el derecho a la defensa. Este golpe a la propiedad privada recuerda peligrosamente los modelos de los regímenes Castrochavistas, donde la expropiación arbitraria se volvió la regla, destruyendo el sector productivo y sumiendo a millones en la pobreza.

Esta no es la primera vez que el gobierno de Petro intenta imponer la expropiación exprés. Ya lo intentó en el Plan Nacional de Desarrollo y en la fallida reforma agraria. Ahora, valiéndose de la conmoción interior, busca imponérnosla a las malas. ¿Qué será lo siguiente? Hoy son tierras; mañana podría ser cualquier otro bien que el Gobierno considere “necesario”.

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A esto se suma una reforma tributaria disfrazada de necesidad fiscal que incluye impuestos permanentes al sector minero-energético y el IVA a los juegos de azar. Las empresas minero-energéticas, clave en la generación de ingresos para el país, enfrentarán costos adicionales que podrían llevarlas al abandono de operaciones y al despido masivo de personal. Como si esto no fuera suficiente, ahora todos los colombianos deberemos pagar un impuesto de timbre del 1% en trámites notariales, encareciendo aún más las ya costosas operaciones.

Las constantes provocaciones del presidente Petro hacia el gobierno de Estados Unidos parecen ser otro recurso incendiario para desviar la atención de la opinión pública y pasar de agache estas medidas dictatoriales. Mientras el país discute si es prudente enemistarse con nuestro principal socio comercial, el Gobierno avanza sin freno hacia la implementación de políticas que desmantelan nuestras instituciones democráticas.

La seguridad jurídica no es una concesión, es un derecho fundamental. Lo que está en juego no es sólo la propiedad de la tierra, sino la confianza en el Estado y su capacidad para proteger a sus ciudadanos. Si permitimos que este tipo de medidas prosperen, habremos abierto las puertas a un modelo donde el Gobierno decide arbitrariamente qué es de todos y qué es de nadie.

Es momento de alzar la voz y defender las libertades económicas y democráticas que tanto nos ha costado construir. Porque hoy son tierras, pero mañana podría ser nuestra libertad y democracia.