Opinión
La Justicia No es un Juego: El Caso de Epa Colombia y la Responsabilidad Social
Por: Mauricio Gutiérrez, Abogado, Chaparraluno
La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre Daneidy Barrera Rojas, conocida como “Epa Colombia”, no es solo una sentencia más en los registros judiciales del país. Es una advertencia clara para quienes creen que la protesta justifica el vandalismo y que la popularidad en redes sociales otorga impunidad. Con una condena de 63 meses y 15 días de prisión y el pago de 493 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el mensaje es contundente: destruir bienes públicos y alentar la violencia tiene consecuencias reales .
Los delitos por los que fue condenada —perturbación al servicio de transporte público, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno— reflejan la gravedad de sus actos. El 22 de noviembre de 2019, en medio del Paro Nacional, Barrera ingresó a la estación Molinos de TransMilenio y con un martillo destruyó puertas de vidrio, dispositivos de lectura, equipos de recarga y la registradora de accesos . No fue un acto de protesta legítima, sino un ataque deliberado contra la infraestructura que miles de ciudadanos usan a diario.
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La Corte Suprema dejó en claro que la libertad de expresión no es absoluta. Cuando se usa para propagar violencia y destrucción, deja de ser un derecho y se convierte en un delito. Además, el fallo subraya que el uso irresponsable de redes sociales amplifica los mensajes de violencia, sobre todo cuando provienen de figuras con gran alcance mediático . Este no es solo un caso aislado, sino un reflejo de cómo algunos “influencers” han confundido su capacidad de impacto con un permiso para actuar fuera de la ley.
A quienes bloquean vías, atacan estaciones de transporte o destruyen bienes públicos en nombre de la protesta, este caso les demuestra que la impunidad no es la regla. La Constitución de Colombia establece en su Artículo 95 que todos los ciudadanos tienen deberes, entre ellos el de respetar los derechos ajenos y contribuir a la convivencia pacífica . Protestar es legítimo, pero convertir la inconformidad en violencia no solo es ilegal, sino que afecta a los mismos ciudadanos a quienes se dice defender.
Cada bus incendiado, cada estación destruida, cada vía bloqueada es un golpe contra la sociedad y un retroceso en la lucha por un país más justo. Si queremos transformar a Colombia, el camino es el respeto, la argumentación y el debate democrático, no la violencia. Que este fallo sirva como una lección para todos: la protesta no es vandalismo, y la justicia no es un juego.
