Por: Alba Lucía García

En Colombia se volvió popular atacar la minería. Da aplausos, suma likes y construye una cómoda sensación de superioridad moral. Pero ¿ese discurso realmente protege el territorio o, por el contrario, lo está dejando más expuesto?

Porque mientras se señala sin matices a la minería legal, la ilegal avanza sin resistencia, haciendo fiesta en varios municipios de nuestro departamento.

La minería formal no es perfecta, pero opera con reglas. Tiene licencias, controles, seguimiento ambiental y obligaciones de compensación. Paga regalías, genera empleo y deja recursos en regiones que históricamente no han tenido nada. Es verificable, se le puede exigir y sancionar.

La ilegal, no. La ilegal contamina nuestros ríos con mercurio, destruye selvas, financia economías criminales y somete comunidades. Esa es la minería que no reforesta, no compensa, no responde. Esa es la que hoy está creciendo en silencio en territorios como el Tolima.

La minería bien regulada puede ser una herramienta de desarrollo. Puede financiar vías, educación, salud. Puede generar ingresos formales en zonas donde la única alternativa muchas veces ha sido la economía ilícita. No toda minería destruye, pero toda minería ilegal sí lo hace. Sin excepción.

El país necesita una postura más inteligente. Defender la minería legal no es ir en contra del ambiente. Es, de hecho, una forma de protegerlo. Donde hay Estado, hay reglas, hay vigilancia, hay control.

No podemos seguir cayendo en discursos populistas, que satanizan toda la actividad minera mientras, en paralelo, toleran o ignoran la minería que destruye. Ese doble estándar es peligroso. Y, peor aún, es el que está enriqueciendo hoy a los que operan al margen de la ley.

Prefiero ser impopular. La minería legal debe ser una opción para el Tolima. Otras regiones aprovechan sus recursos, es nuestro turno.