Por: Luis Antonio Castro, analista político. Abogado especialista.

La democracia colombiana atraviesa su momento más frágil mientras un contrato millonario se convierte en el campo de batalla donde se juega algo más valioso que el dinero: la confianza ciudadana. Thomas Greg & Sons, una empresa con un historial que oscila entre la eficiencia operativa y las sospechas recurrentes, acaba de ser designada como operadora logística de las elecciones de 2026 por la astronómica suma de $2.1 billones. El presidente Petro ya lanzó su advertencia como un disparo al aire: «Pone en riesgo la transparencia electoral», dijo refiriéndose a la misma compañía que manejó las elecciones que lo llevaron al poder. La ironía sería tragicómica si no fuera potencialmente devastadora.

El proceso de selección huele a obra teatral mal montada. De las diez empresas inicialmente interesadas, nueve misteriosamente abandonaron la contienda. La Registraduría insiste en la limpieza del proceso, pero cuando gigantes como Smartmatic -con experiencia en más de 5.000 procesos electorales en el mundo- prefieren no participar, las preguntas se acumulan como nubes antes del huracán. Las explicaciones oficiales sobre «problemas de seguridad nacional» suenan más a excusas prefabricadas que a argumentos sólidos. Mientras tanto, el conservatismo celebra la adjudicación con un argumento que revela su cinismo: «Es la misma empresa con la que Petro ganó», como si la legitimidad de ayer borrara las dudas de hoy.

Le puede interesar: Unidad en tiempos de fractura: el reto político de Ibagué

¿Por qué debería preocuparnos este contrato más allá de las cifras estratosféricas? Porque cuando se erosiona la confianza en el sistema electoral, no se daña un gobierno sino el corazón mismo de la democracia. Brasil vivió en 2022 el costo de sembrar dudas sobre las urnas electrónicas. Estados Unidos aún paga las consecuencias del «stop the steal» de 2020. Colombia, con su frágil equilibrio político y social, no puede permitirse el lujo de convertir las próximas elecciones en un campo de batalla por su legitimidad.

El dilema es claro como el agua cristalina y peligroso como un río crecido: o este contrato se somete al escrutinio más riguroso con auditorías internacionales y máxima transparencia, o el 2026 pasará a la historia no por sus resultados sino por las sombras que lo rodearon. La democracia no se defiende con discursos sino con hechos, no con sospechas sino con certezas, no con contratos opacos sino con procesos que resistan cualquier cuestionamiento.

Nota final: Cuando los ciudadanos dejan de creer en las reglas del juego democrático, no pierden una elección: pierden la fe en el sistema que debería proteger sus derechos. Y esa pérdida, queridos lectores, es la más costosa de todas.