Tres ladrones muertos: El debate ¿ legítima defensa o vacío de poder?

El país, desde la noche del 31 de enero ha entrado en debates jurídicos y políticos a partir de los hechos sucedidos sobre el puente peatonal ubicado de la carrera 9 con calle 123, norte de Bogotá, esto por cuenta de la muerte de tres sujetos de quienes se presume iban a robar a un médico, quien a su vez y según lo manifestado por algunas autoridades y medios de comunicación nacionales, desenfundó su arma para tratar de defenderse dando muerte a los presuntos ladrones que lo asechaban.

Por: Julián Betancourt Nieto

A partir de allí, el debate se ha centrado en si fue o no legitima defensa, e inclusive si valía la pena flexibilizar el decreto que permite el porte de armas a los ciudadanos para  que estos a su ves puedan defenderse, permiso que fue regulado por el expresidente Juan Manuel Santos y prorrogado un año más por el actual presidente, Ivan Duque, y mientras el debate se desgasta sobre estos dos asuntos, se olvidan otras situaciones de fondo que giran en torno al hecho y que si bien no son el tema directo, son factores indirectos que llevan a que estas escenas sucedan.

Lo primero a observar es el “vacío de poder” que Ariel Ávila mencionaba en su libro “Detrás de la guerra en Colombia” para explicar el accionar de las Farc, en contexto con el conflicto colombiano, no siendo otra cosa que la falta de capacidad del Estado para responder a los ataques a unidades militares, el secuestro de funcionarios y el boicot electoral para hacer al Estado inviable en todos los sentidos en la última década del siglo pasado; aplicado esto a los  hechos ocurridos en Bogotá sobre el puente de la calle 123, se denotan varias rutas de acción que definen por donde se le mire este mismo “vacío de poder” aplicado al asunto, y que esta atravesado por  interrogantes como ¿Qué motiva a un ciudadano a portar un arma para defenderse? O ¿Qué lleva a los ciudadanos a tomarse la justicia por sus propias manos?

En ese orden de ideas las respuestas podrían estar en la desconfianza que tiene el ciudadano de a pie hacia las instituciones, no se sienten seguros con la seguridad que el Estado les presta por intermedio de ellas y de su fuerza pública, sienten la sensación y la percepción de un Estado inviable en términos de seguridad “un vacío de poder”  situación que lleva a que los ciudadanos se armen y se defiendan en este caso al parecer  y según conceptos jurídicos en uso de la “legitima defensa”.  Pero, existen otros casos donde grandes muchedumbres han atrapado ladrones, y han hecho justicia por su cuenta, los han coloquialmente “linchado” argumentados en que la fuerza pública no hace nada, desconociendo tal ves que el problema va más allá de la función policial, y es aquí donde nace el otro “vacío de poder” al aplicar la justicia, pues muchas veces hemos escuchado que a la “delincuencia” la capturan y la sueltan, y en el afán de buscar culpables, erróneamente culpamos al policía o al militar, y al respecto vale la pena decir que el problema aquí radica en la aplicación de justicia, pues son los jueces quienes determinan si el capturado va a la cárcel o por el contrario vuelve a las calles, en ese sentido se preguntaría uno  ¿carecen acaso de instrumentos legales los jueces para enviar a prisión? O ¿Son delitos menores por los cuales, no amerita enviar a la cárcel un ladrón para seguir colapsando el sistema carcelario? Fuere de cualquier forma no seria erróneo que los ladrones volvieran a las calles, pues si echamos un vistazo al tercer “vacío de poder”, veríamos la incapacidad del sistema carcelario para dos aspectos importantes, el primero  de ellos es que las penitenciarías están a reventar, situación que conlleva a asinamiento de los presos dentro de sus centros de reclusión y el segundo de ellos es que en la mayoría de los casos la reclusión intramural  no  cumple su función resocializadora, pues en lugar de que los reclusos se resocialicen lo que sucede es el efecto contrario, salen mas preparados para seguir infringiendo la ley; en ese sentido valdría la pena mirar si como punta de partida se coloca en el debate y que no es nuevo, la reforma al sistema carcelario, un sistema que de verdad cumpla su función más allá de tener tras las rejas a un individuo, que le devuelva a la sociedad un ciudadano de esos que algunos llaman “de bien” porque su posición social en términos de oportunidad fue diferente, afortunadamente igual que la mía.

Y bajo esta premisa algunos dirían que el Estado no puede garantizar la seguridad a cada ciudadano, que no se le puede colocar un policía a cada colombiano, y esto sería un argumento peligroso para validar, no la  defensa legitima, si no para que la ciudadanía crea que puede tener un arma para defenderse, y en ese sentido hasta llegar a tomarse la justicia por su propia cuenta, amparados bajo una legitima defensa mal interpretada, disminuyendo la labor Estatal, algunos se atreven a poner de ejemplo a los Estado Unidos, donde se puede comprar un arma como una libra de arroz en el supermercado, olvidándose que allí donde se supone es una sociedad más avanzada suceden masacres por cuenta de que cualquiera puede tener un arma para “defenderse”, no se nos puede olvidar que en el siglo pasado los paramilitares surgieron de la necesidad de seguridad que tenían ganaderos del norte del país, seguridad que el Estado no  pudo prestarles… lo demás ya lo conocemos.

Por eso es importante saber que si bien es cierto no se pueden acabar los hurtos o los delitos, lo que si se puede hacer mediante la función del Estado es llenar ese “vacío estatal” mediante  educación, empleo y otras situaciones sociales básicas que nos ayuden a reducir la delincuencia a los niveles más bajos, cuando hagamos esto estaremos brindando oportunidades a aquellos niños y jóvenes sobre todo en los barrios marginados de las ciudades a que vean otras opciones diferentes a la vía fácil, al delito, opciones que les brinda la sociedad que los margina por crecer en invasiones que ni si quiera se encuentran datiadas en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT),  como aquella que visite el fin de semana pasado en la comuna nueve de Ibagué,  cuyos, adultos, niños y jóvenes se abren paso para encajar en la sociedad mediante una humilde biblioteca de 2×4 artesanal construida por ellos, con el único objetivo de que los niños crezcan alejados del “mal camino” , un pequeño ejemplo del papel que debería hacer el Estado desde sus instituciones, cuando lleguemos a esto, ese día tal vez, yo no tendré que en algún momento y por instinto hacer uso de la “legítima defensa” para proteger a mi familia y segar la vida de otro ser humano.