La jefe de la entidad alertó sobre una adición de $22.000 millones para repartir víveres en plena víspera electoral.

Durante un debate de control político en el Congreso de la República, la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Sandra Suárez, informó sobre presuntas irregularidades en la entrega de ayudas institucionales en vísperas electorales.

La funcionaria reveló que, apenas tres meses antes de la jornada de comicios, se firmó una adición presupuestal por 22.000 millones de pesos para el reparto de mercados mediante el programa Hambre Cero a través del operador oficial 4-72.

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Alertas por entrega de víveres en víspera electoral

Según la exposición de Suárez ante los legisladores, la celeridad con la que se tramitó y ejecutó el contrato despierta serias sospechas sobre una presunta finalidad proselitista con recursos del Estado.

“Qué casualidad, previo a la fecha electoral (…) cuando yo llego a la entidad, lo primero que hacen es denunciarme este tipo de irregularidades. La verdad es que eso tiene que ser motivo de investigación”, señaló la directora en su intervención.

Funcionarios y sindicatos levantaron las alertas

La titular del DPS enfatizó que los primeros llamados de advertencia no provinieron de veedurías externas, sino del propio personal interno y de los sindicatos de la entidad, quienes reportaron la inusual entrega masiva de paquetes alimentarios.

La adición contractual bajo el foco de las autoridades corresponde al programa Hambre Cero, una de las banderas asistenciales más visibles del Gobierno Nacional.

¿Qué sigue tras la denuncia?

Se espera que las pruebas y los soportes de la adición de los $22.000 millones sean remitidos a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para determinar si hubo falta disciplinaria o detrimento patrimonial.

El Congreso evalúa citar formalmente a los exfuncionarios y directivos del DPS a cargo de la contratación previa para esclarecer la destinación de los auxilios en las regiones.