Por: Luis Antonio Castro / Abogado especialista – Analista político

La escena se repite todas las semanas en el Hospital Federico Lleras Acosta: una sala de urgencias que opera por encima del 200 % de su capacidad instalada, camillas en pasillos, pacientes esperando horas por un diagnóstico y personal médico exhausto intentando sostener lo insostenible. Lo que debería ser una excepción se ha convertido en la rutina de un sistema en crisis. Detrás de esta realidad hay un número que explica buena parte del deterioro: más de $1,2 billones adeudados por las EPS a la red hospitalaria del Tolima. Una cifra que no solo revela un hueco financiero, sino una vulneración directa del derecho fundamental a la salud, tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional en sentencias como la T-760 de 2008.

Aunque el Ministerio de Salud y la ADRES han anunciado intervenciones, mesas técnicas, reducción de glosas y un plan nacional de infraestructura por $3,5 billones, en el Tolima estos esfuerzos aún no se traducen en mejoras sustanciales. Los giros recientes —como los $5.940 millones destinados a centros de salud rurales o los $9.000 millones que permitieron pagar la nómina del Federico Lleras— funcionan apenas como alivios momentáneos en un sistema hemorrágico. La Ley 1438 de 2011 es clara: las EPS tienen la obligación de garantizar continuidad, integralidad y oportunidad en la atención. Sin embargo, la cartera morosa demuestra que esas obligaciones están siendo sistemáticamente incumplidas.

Las consecuencias de estos retrasos no son abstractas. Se traducen en suspensión de cirugías programadas, aplazamiento de procedimientos, intermitencias en el suministro de medicamentos y reducción de la capacidad operativa. La Superintendencia de Salud ha advertido que la falta de liquidez compromete estándares de habilitación y pone en riesgo la seguridad del paciente, afectando especialmente a quienes dependen de servicios críticos como oncología, cardiología o materno-perinatal. Desde una perspectiva técnica, operar con ocupaciones superiores al 100 % incrementa la morbilidad evitable, eleva los tiempos de espera y deteriora la calidad del servicio, elementos que afectan directamente el goce efectivo del derecho fundamental.

Esta situación, que algunos describen como coyuntural, es en realidad el resultado de un deterioro estructural largamente anunciado. Informes institucionales y alertas tempranas señalaron durante años la falta de un flujo financiero adecuado, el abuso de glosas por parte de algunas EPS, la presión desmedida sobre los servicios de urgencias por la debilidad de la atención primaria y una gestión administrativa insuficiente. Como diría Gabriel García Márquez, esta es la crónica de una muerte anunciada: la tragedia no sorprende porque el sistema llevaba tiempo enviando señales claras de colapso.

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Los diputados del Tolima no pueden limitarse a pronunciamientos simbólicos. Su rol constitucional y político exige acciones concretas: promover auditorías exhaustivas para identificar responsables, exigir a las EPS el cumplimiento de sus obligaciones legales, vigilar la ejecución de los recursos girados por la Nación y acompañar una reforma estructural de la red hospitalaria. Este no es solo un problema financiero; es un asunto de legalidad, gobernanza y protección de derechos humanos. Las entidades territoriales, de acuerdo con las normas vigentes, tienen el deber de garantizar la prestación eficiente y continua de los servicios mínimos en salud. Ignorar esta responsabilidad puede derivar en responsabilidades fiscales, disciplinarias e incluso penales.

El Tolima necesita un viraje serio hacia un modelo de atención primaria sólido, redes integradas funcionales, un sistema de referencia eficiente y una política realista que ataque la raíz del problema: la sostenibilidad financiera y operativa. No habrá garantía del derecho fundamental mientras los hospitales trabajen al borde del colapso, sin insumos suficientes ni flujos oportunos de recursos.

Lo que está en juego no es un debate administrativo ni una disputa ideológica.
Lo que está en juego es la vida de los pacientes que esperan una cama, el profesional de salud que trabaja sin recursos y, en última instancia, la dignidad de los tolimenses.
Si no se actúa con decisión, firmeza jurídica y claridad técnica, la crisis seguirá ampliándose —y la crónica de esta muerte anunciada se convertirá en un epitafio colectivo.