Por: Santiago Núñez Castañeda. 

Mientras las autoridades se pronuncian, rechazan los hechos violentos, convocan reuniones y anuncian coordinaciones institucionales, los ciudadanos siguen poniendo los muertos, los heridos y las viviendas destruidas. Esa es la realidad que hoy viven familias de Ataco, Planadas y el sur del Tolima en general. Pero frente a ella hay preguntas que no pueden seguir aplazándose.

Ataco acaba de atravesar una de las semanas más dolorosas de los últimos tiempos. Siete personas perdieron la vida en medio de una escalada de violencia que golpeó al municipio, dejando familias destruidas y una comunidad sumida en la incertidumbre.

Y cuando todavía no terminaban de dimensionarse las consecuencias de esa tragedia, Planadas fue sacudido por ataques con explosivos. Viviendas destruidas, muertos, personas heridas, familias buscando a sus seres queridos y una población enfrentada a una situación que difícilmente olvidará.

Pero hay algo que merece un cuestionamiento especial: la manera como la gobernadora Adriana Magali Matiz ha manejado públicamente la respuesta del Gobierno Nacional frente a esta crisis.

Después de solicitar la intervención del presidente Abelardo de la Espriella para atender la situación de Ataco, la mandataria anunció que había recibido una llamada telefónica del jefe de Estado, quien le comunicó que estaba organizando una intervención total en el municipio.

Y la gobernadora no tardó en expresar su agradecimiento por la solidaridad y la rápida respuesta presidencial.

¿Rápida respuesta? ¿Cuál respuesta, gobernadora?

¿Una llamada telefónica? ¿Un anuncio de intervención? ¿Una promesa de que se está organizando algo?

Con todo respeto, una llamada no es una operación militar, un anuncio no recupera el control territorial y un agradecimiento público no les devuelve la vida a las personas asesinadas en Ataco.

Lo que los tolimenses necesitan conocer es qué ocurrió después de esa conversación. ¿Cuándo comenzó la intervención anunciada? ¿Cuántos uniformados fueron desplegados? ¿Qué municipios están incluidos? ¿Qué medidas concretas se adoptaron para proteger a las comunidades? ¿Cuáles son los resultados?

Porque mientras desde los escenarios institucionales se habla de compromisos, el departamento sigue enfrentando episodios de violencia que exigen respuestas verificables.

Y aquí no se trata de defender al Gobierno Nacional. Todo lo contrario: el presidente Abelardo de la Espriella también tiene que responder por sus anuncios. Si prometió una intervención total en Ataco, debe explicar en qué consiste, cuándo se ejecutará y qué resultados espera entregar. El Tolima no necesita que desde Bogotá le expresen solidaridad por teléfono; necesita que el Estado llegue al territorio con decisiones y acciones concretas.

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Adriana Magali Matiz es la gobernadora del Tolima. Tiene una responsabilidad política e institucional con los habitantes de los 47 municipios del departamento. Su obligación no termina cuando publica un mensaje de rechazo, convoca un consejo de seguridad o consigue una comunicación con el presidente.

También debe explicar qué está haciendo su administración, qué capacidad de respuesta tiene, qué resultados ha conseguido y qué está fallando en la estrategia departamental de seguridad.

Porque si algo debería quedar claro después de lo ocurrido en Ataco y Planadas es que las medidas anunciadas necesitan seguimiento y evaluación pública. No basta con repetir que se está coordinando con la Fuerza Pública mientras las comunidades siguen reclamando garantías.

Y hay otro asunto que no podemos permitir que se convierta en una excusa permanente: la política.

No se puede justificar la situación de seguridad señalando únicamente cómo recibió el país el anterior Gobierno. Tampoco sirve convertir cada tragedia en una oportunidad para discutir quién tiene la culpa por las herencias administrativas, las diferencias ideológicas o las disputas entre sectores políticos.

La gente del común no tiene por qué pagar las consecuencias de las peleas entre gobernantes.

Al campesino que teme salir de su vereda no le interesa quién gobernaba hace 3 meses. A la familia que perdió a uno de sus integrantes no le sirve escuchar que el problema viene de una administración anterior. Al comerciante que encontró su negocio destruido en Planadas tampoco le alcanza con un comunicado de solidaridad.

La gente necesita poder trabajar, estudiar, movilizarse y regresar a casa sin miedo.

Y mientras tanto, las preguntas siguen siendo muchas: ¿qué está pasando con el control territorial en el sur del Tolima?, ¿qué acciones se están tomando contra las estructuras armadas ilegales?, ¿qué garantías tienen las comunidades rurales?, ¿dónde están los refuerzos que se han solicitado y anunciado?

La gobernadora ha utilizado expresiones contundentes para rechazar la violencia. Ha hablado de actos criminales, de líneas que no se pueden cruzar y de la necesidad de actuar con decisión.

Pero la ciudadanía también tiene derecho a preguntarle por los resultados de su propia gestión.

No se trata de desconocer las dificultades que enfrenta el departamento ni de desconocer que buena parte de las decisiones operativas dependen del Gobierno Nacional. Se trata de exigir que cada institución asuma su responsabilidad y deje de conformarse con los anuncios de la otra.

Gobernadora, el Tolima no necesita que usted celebre una llamada presidencial. Necesita que esa llamada se traduzca en acciones. No necesita más mensajes de rechazo después de cada tragedia; necesita una estrategia de seguridad que pueda mostrar resultados y que permita recuperar la tranquilidad de las comunidades.

Y presidente, si anunció una intervención total en Ataco, es hora de que los ciudadanos conozcan los hechos concretos detrás de esa promesa.

Ataco no puede convertirse en otra tragedia que termine archivada entre comunicados. Planadas tampoco puede quedar reducido a fotografías de destrucción y mensajes de solidaridad.

Porque los gobernantes pueden seguir hablando de compromisos, coordinación y respaldo institucional. Pero los ciudadanos no pueden seguir esperando mientras la violencia les cambia la vida.

La seguridad del Tolima no se mide por la cantidad de llamadas entre mandatarios, los agradecimientos publicados en redes sociales ni la contundencia de sus declaraciones. Se mide por la capacidad del Estado para proteger a la gente.

Y esa es precisamente la respuesta que hoy están esperando los tolimenses.

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