Por: Efran Lugo 

Al Congreso de la República, más exactamente a la Cámara de Representantes, fue radicado el Proyecto de Ley 477 de 2026, denominado Ley de Rescate Económico. No era un secreto: ya lo habíamos anticipado antes de las elecciones. Independientemente de si el ganador de la Presidencia era Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella, el nuevo gobierno tendría que enfrentar la necesidad de impulsar medidas para sanear las finanzas públicas, entre ellas una reforma tributaria.

Es claro que las políticas sociales implementadas durante el gobierno de Gustavo Petro ejercieron una presión considerable sobre las finanzas del Estado. Una de las dificultades que enfrentó su administración fue que el Congreso no aprobó la ley de financiamiento, con la cual se pretendía recaudar 16,3 billones de pesos. El Gobierno defendía esta iniciativa bajo el argumento de que quienes tenían mayores ingresos y patrimonio debían aportar más recursos para financiar los programas sociales y atender las necesidades de los colombianos. Sin embargo, la propuesta se hundió en el Legislativo.

Ahora bien, el nuevo gobierno, que apenas comienza su mandato, parece estar tomando un camino que contradice algunas de las promesas hechas durante la campaña presidencial. Tanto el presidente como el vicepresidente prometieron no crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes. Al parecer, aquellas promesas electorales empiezan a quedar en entredicho.

Abelardo de la Espriella defendió la idea de una reforma tributaria, sí, pero con el propósito de reducir los impuestos. Para mí, aquella fue una apuesta arriesgada, pero logró calar entre muchos ciudadanos que esperaban un cambio en la política fiscal del país. Hoy, esos mismos colombianos deben preguntarse si el gobierno que prometió aliviar la carga tributaria terminará trasladando parte de ella al bolsillo de los trabajadores, los consumidores y las familias colombianas.

Pero ¿qué pretende realmente la denominada Ley de Rescate Económico?

Uno de los puntos que más preocupa es la modificación del impuesto al valor agregado (IVA). El proyecto propone eliminar, a partir de 2028, la tarifa diferencial del 5 % para determinados productos y modificar el tratamiento tributario de otros bienes que actualmente cuentan con beneficios. Entre los productos que podrían pasar a pagar la tarifa general del 19 % se encuentran el café, el azúcar, los aceites vegetales, las pastas alimenticias y el chocolate de mesa.

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Hablemos del café, un producto que representa mucho más que una bebida para los colombianos: es el sustento de miles de familias campesinas y uno de los símbolos de nuestra identidad nacional.

Si esta medida se aprueba en los términos propuestos, el café podría enfrentar una mayor carga tributaria. Esto abre una discusión necesaria sobre sus posibles efectos en el precio al consumidor, la comercialización y la demanda de un producto del que dependen miles de productores rurales.

Pongamos un ejemplo cotidiano. Si una taza de café cuesta actualmente $7.500, no podemos afirmar que su precio aumentará automáticamente a una cifra determinada, porque eso dependerá de la estructura de costos, el tratamiento tributario aplicable y la decisión del establecimiento de trasladar el incremento al consumidor. Sin embargo, sí debemos preguntarnos qué ocurrirá cuando se acumulen nuevos costos sobre los productos y servicios que hacen parte de nuestra vida diaria.

Y el café no es el único motivo de preocupación. Los cambios propuestos también podrían afectar a otros productos de consumo cotidiano, como el azúcar, los aceites vegetales, las pastas y el chocolate. Por eso, el Congreso tiene la responsabilidad de evaluar cómo estas medidas repercutirían en el costo de vida y en el presupuesto de las familias colombianas.

Pero hay una pregunta todavía más importante: ¿qué pasará con nuestros campesinos?

Detrás de cada taza de café hay hombres y mujeres que se levantan de madrugada, trabajan la tierra, asumen los riesgos del clima, pagan los insumos y esperan que cada cosecha les permita sostener a sus familias. El campesinado no puede seguir siendo el sector del que todos hablan en campaña, pero al que pocos tienen en cuenta cuando se toman decisiones económicas.

Si una reforma tributaria termina encareciendo el consumo o afectando la comercialización de determinados productos agrícolas, debemos analizar con seriedad sus consecuencias sobre los pequeños productores. No basta con hablar de recaudo; también debemos hablar de rentabilidad rural, generación de empleo, seguridad alimentaria y dignidad campesina.

Otra de las medidas que merece atención es la reducción gradual del impuesto de renta para las empresas. De acuerdo con el proyecto, la tarifa general bajaría del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % en 2028. El Gobierno puede defender esta decisión como un incentivo para la inversión, la competitividad y la generación de empleo. Sin embargo, es necesario preguntarse si los beneficios esperados compensarán sus efectos sobre el recaudo y cómo se distribuirán las cargas tributarias entre los distintos sectores de la sociedad.

Al mismo tiempo, la iniciativa propone cambios en el impuesto de renta de las personas naturales y en los aportes a salud de determinados trabajadores. Los asalariados que superen ciertos niveles de ingresos podrían pagar una cotización mayor, mientras que los trabajadores independientes también enfrentarían modificaciones en sus aportes a la seguridad social.

Esto demuestra que el debate no se limita a las empresas o a los productos de la canasta familiar. Estamos hablando de decisiones que pueden afectar directamente el ingreso disponible de millones de colombianos.

Aquí surge una pregunta inevitable: ¿quién terminará pagando la cuenta del rescate económico? ¿Estamos construyendo un sistema tributario más equitativo o existe el riesgo de que los trabajadores y consumidores terminen soportando una parte considerable del ajuste fiscal?

No podemos desconocer que el Estado necesita recursos para funcionar, cumplir sus obligaciones y garantizar los derechos de la población. Tampoco podemos negar que la economía requiere condiciones que permitan a las empresas invertir, producir y generar empleo. Pero una cosa es promover la inversión y otra muy distinta es hacerlo sin evaluar suficientemente las consecuencias de las decisiones tributarias sobre los hogares y los pequeños productores.

Y esta discusión también tiene un componente político que no podemos ignorar. La propuesta me lleva a preguntarme si estamos ante una ruptura con las políticas económicas de los gobiernos anteriores o si, por el contrario, se retoman algunas de las fórmulas fiscales que caracterizaron a las administraciones previas al gobierno de Gustavo Petro.

No se puede atribuir automáticamente cada decisión al presidente sin examinar quiénes diseñaron y sustentan la iniciativa. Sin embargo, resulta pertinente analizar el papel del vicepresidente José Manuel Restrepo, quien fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque, y establecer qué continuidades existen entre aquellas políticas económicas y las medidas que hoy se presentan al país.

El debate debe darse con argumentos, cifras verificables y responsabilidad política. No se trata de oponerse a cualquier iniciativa que busque recuperar las finanzas públicas, sino de exigir que ese propósito no se convierta en una excusa para imponer cargas que terminen perjudicando a quienes menos capacidad tienen para asumirlas.

Colombia necesita un rescate económico, pero ese rescate no puede convertirse en una condena para el bolsillo de los ciudadanos ni en una carga adicional para el pueblo campesino.

Si el propósito es recuperar las finanzas públicas, el camino debe construirse con transparencia, equidad y responsabilidad. El Congreso tiene la obligación de estudiar cada medida, escuchar a los sectores afectados y garantizar que las decisiones tributarias no profundicen las desigualdades ni debiliten la economía rural.

Porque el café, la tierra y el trabajo campesino son parte esencial de lo que somos como país. No podemos pretender salvar las cuentas del Estado mientras ponemos en riesgo el sustento de quienes trabajan la tierra y alimentan a Colombia.

El rescate económico debe rescatar al país, no hundir a su gente.

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