El ente de control advierte posibles perjuicios fiscales mientras el empréstito es evaluado por la justicia administrativa.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su instancia provincial, emitió una advertencia formal al alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez Montaña, para que se abstenga de tramitar el desembolso de los recursos correspondientes a un crédito aprobado mediante el Acuerdo Municipal 016 de 2025.

La comunicación, firmada por el procurador provincial Adolfo León Varela Sánchez mediante el Oficio 1046, advierte que proceder con el desembolso en medio de cuestionamientos judiciales podría representar un riesgo significativo para las finanzas del municipio.

Riesgos financieros en caso de nulidad

El principal motivo de preocupación radica en una demanda de nulidad que actualmente cursa ante el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Ibagué, bajo el radicado 7300133330122026001800. Este proceso busca determinar la legalidad del acuerdo que autorizó el endeudamiento.

Según el ente de control, si el crédito llega a ser anulado después de haberse efectuado el desembolso, el municipio podría enfrentar consecuencias económicas relevantes, entre ellas:

• Pago inmediato de los recursos recibidos.
• Generación de intereses elevados a cargo del tesoro público.
• Asunción de costos financieros adicionales por parte de los contribuyentes.
• Eventuales responsabilidades fiscales y disciplinarias para los funcionarios involucrados.

En el documento oficial se indica que se «exhorta al alcalde para que se abstenga de tramitar el desembolso de los recursos, al menos hasta que exista un pronunciamiento de la jurisdicción respecto de la medida cautelar solicitada».

Le puede interesar: Flandes proyecta fortalecimiento económico a partir de su infraestructura aeroportuaria

Un empréstito en debate

El Acuerdo 016 de 2025 autoriza la contratación de un crédito que, según estimaciones previas, alcanzaría los 18.000 millones de pesos. La iniciativa ha generado debate en distintos sectores del municipio, donde algunos actores han cuestionado la pertinencia del endeudamiento frente a otras necesidades prioritarias.

Los recursos estaban destinados a proyectos de infraestructura, incluyendo obras como el reservorio de Chicoral y el mejoramiento de la malla vial.

Escenario jurídico y administrativo

Con la advertencia emitida por la Procuraduría, la administración municipal enfrenta un escenario de cautela mientras se define la situación jurídica del acuerdo. Una eventual decisión de avanzar con el desembolso sin esperar el fallo judicial podría derivar en investigaciones disciplinarias si se comprueba un perjuicio al erario.

Por ahora, los recursos permanecerán sin ejecución hasta que la justicia administrativa en Ibagué adopte una decisión sobre la legalidad del crédito y las medidas cautelares solicitadas.