Gregorio Eljach instó a las autoridades a reforzar la presencia institucional en zonas consideradas de riesgo electoral.

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, hizo un llamado urgente este miércoles a las autoridades nacionales para intensificar las medidas de seguridad en todo el territorio colombiano. El jefe del Ministerio Público busca blindar el actual proceso electoral frente a posibles amenazas, asegurando que solo mediante garantías plenas de orden público se podrá proteger el derecho al voto libre y, con ello, la legitimidad de la democracia y del próximo gobierno que resulte electo en las urnas.

Protección del proceso electoral y la democracia

El jefe del organismo de control enfatizó que la transparencia y la seguridad son los pilares fundamentales que las autoridades deben proteger en la coyuntura política actual. Según Eljach, el despliegue estatal debe ser total para evitar cualquier interferencia en la voluntad de los ciudadanos.

«De la libertad y la seguridad que tengan los ciudadanos para acudir a las urnas dependerá la legitimidad del nuevo gobierno y de nuestra democracia», señaló el procurador.

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Llamado a la neutralización de amenazas

En su calidad de defensor de los intereses de la sociedad y de los derechos colectivos, Eljach instó a la Fuerza Pública y a los organismos competentes a actuar de manera preventiva en los puntos críticos del país.

• Seguridad territorial: Petición de refuerzos en zonas rurales y urbanas donde se identifiquen riesgos para los votantes.
• Garantías al elector: Asegurar que cada ciudadano pueda concurrir a los puestos de votación sin coacción.
• Neutralización de riesgos: El funcionario fue enfático al declarar que «todas las amenazas contra el derecho al voto libre deben ser neutralizadas por las autoridades legítimas del Estado».

Compromiso del Ministerio Público

La Procuraduría General de la Nación informó que mantendrá una vigilancia especial sobre el desarrollo del calendario electoral, actuando como garante de que el proceso se realice bajo los principios de legalidad. Este llamado se suma a las acciones de control que el ente viene adelantando para asegurar que las instituciones del Estado cumplan con su deber constitucional de proteger el certamen democrático.