La mayor vulnerabilidad aparece cuando la producción cafetera se concentra en territorios PDET, presencia de grupos armados y economías ilegales.

En el marco del Día Internacional del Café, que se conmemora cada 1 de octubre, una investigación del Politécnico Grancolombiano pone la mirada sobre una amenaza que golpea a quienes están detrás de uno de los productos más representativos de Colombia: la extorsión, una problemática que los investigadores describen como la “nueva roya” de los cafeteros. En un país donde más de 500.000 familias viven de la caficultura, el estudio encontró que este delito afecta con mayor intensidad a los municipios cafeteros ubicados en territorios históricamente golpeados por el conflicto armado.

La investigación “Café, Conflicto y Extorsión: Un Análisis Cuantitativo en Municipios de Colombia”, realizada por los docentes Jaime Wilches, Karolina Baquero y Rodrigo Atehortúa, muestra una marcada diferencia territorial: mientras zonas de alta tradición cafetera como Caldas y Risaralda presentan niveles relativamente bajos de extorsión, municipios cafeteros ubicados en Cauca, Meta, Antioquia y Norte de Santander registran escenarios de mayor vulnerabilidad. La explicación, según la investigación, estaría menos relacionada con el café y más con las condiciones de seguridad y violencia que rodean su producción.

La “nueva roya” que amenaza a los cafeteros

Los investigadores utilizan el concepto de la “nueva roya” para explicar el impacto que está teniendo la extorsión en algunas zonas cafeteras del país. Así como la roya afecta la planta y puede comprometer la producción, la extorsión golpea directamente la economía y la tranquilidad de quienes viven del café. Sin embargo, el estudio muestra que esta amenaza no afecta por igual a toda la caficultura colombiana, sino que se concentra especialmente en territorios donde la producción de café convive con condiciones de violencia y presencia de economías ilegales.

Esta relación ayuda a explicar por qué algunas zonas cafeteras resultan más vulnerables que otras. La investigación evidenció que, en varios de estos territorios, la reconfiguración de actores armados posterior al proceso de paz coincidió con la persistencia de prácticas de presión económica como la extorsión.

A esa vulnerabilidad territorial se suma el atractivo económico de la actividad cafetera. Gremios y medios regionales han documentado que, cuando el precio del grano sube, los grupos armados y las bandas criminales ven a los productores y a las cooperativas como un blanco atractivo. En zonas como el occidente del Huila, los cobros y las amenazas se atribuyen a disidencias de las FARC, quienes citan y presionan a productores y cooperativas locales bajo la lógica de cobrar «protección» a una economía rural legal.

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Las cifras analizadas por los investigadores muestran cómo esta problemática ha evolucionado durante la última década. En 2014, los municipios cafeteros registraban una tasa promedio cercana a 13 casos de extorsión por cada 100.000 habitantes. La cifra disminuyó hasta 2016, pero comenzó a crecer nuevamente desde 2017. Después de una caída temporal en 2020, coincidente con las restricciones de la pandemia, aumentó entre 2021 y 2023. El 2022 fue el año en el que se alcanzó el mayor crecimiento: 19,6 casos por cada 100.000 habitantes.

Este crecimiento también coincide con una transformación en las formas de presión económica ejercidas por los grupos criminales. Mientras el secuestro perdió terreno frente a los niveles registrados décadas atrás, la extorsión ganó protagonismo como mecanismo para obtener recursos, incluso en zonas rurales y cafeteras. Según la Fundación Pares, la extorsión ya no está asociada únicamente a las dinámicas tradicionales del conflicto armado, sino también a la actuación de bandas criminales, lo que ha ampliado el alcance del fenómeno en el país.

¿Dónde golpea con más fuerza al sector cafetero?

Entre los municipios que combinan extorsión y producción de café, aparecen Angostura, Anzá, Barbosa, Ciudad Bolívar y Montebello, en Antioquia, con tasas de entre 25 y 65 casos por cada 100.000 habitantes y más de 600 hectáreas de café cosechadas en sus territorios. También se destacan Buenos Aires y Caldono, en el Cauca, con tasas de entre 26 y 34, en una región con fuerte accionar de disidencias. También El Carmen y El Zulia, en Norte de Santander, donde el café convive con una historia de presencia guerrillera.

En el Meta, Vista Hermosa, un municipio PDET con cultivos de coca y algo de café, superó los 70 casos por cada 100.000 habitantes en 2022, una de las tasas más altas del país. A nivel departamental, el Cauca registró cerca de 29 casos por cada 100.000 habitantes y el Meta cerca de 46, departamentos que combinan zonas cafeteras con territorios históricamente afectados por el conflicto y la presencia de grupos armados.

En contraste, el núcleo del Eje Cafetero tiene cifras bajas pese a su enorme producción. Caldas registró cerca de 8 casos por cada 100.000 habitantes, Risaralda 10 y Santander 9. Los investigadores señalan que esto puede deberse a una mayor presencia del Estado, así como a la ausencia de grupos dedicados a la extorsión en los últimos años. Es decir, no todas las regiones cafeteras son igual de vulnerables, y el problema se concentra donde el café coincide con el conflicto.

¿Y qué pasa con otros delitos?

El estudio también analizó si la actividad cafetera estaba relacionada con otras formas de violencia, como los homicidios y los secuestros, pero no encontró una relación estadísticamente significativa. Aunque los municipios PDET presentaron una tendencia a registrar tasas de homicidio más altas, consistente con su historia de conflicto armado, los resultados no permiten atribuir esta diferencia a la producción de café.

Frente a este panorama, los investigadores plantean que proteger a los caficultores requiere fortalecer la presencia del Estado, especialmente en materia de seguridad y justicia. Los autores destacan que iniciativas como el Plan Cosecha del Huila avanzan en esa dirección, pero consideran necesaria una estrategia sostenida y coordinada a nivel nacional para desarticular las redes de extorsión que operan en las zonas rurales.

A esta respuesta debe sumarse la intervención sobre los factores que aumentan la vulnerabilidad de estas regiones. Consideran indispensable actuar sobre las economías ilegales, como la coca, que alimentan la presencia de grupos armados y aumentan la vulnerabilidad de los territorios cafeteros. Según el estudio, reducir la extorsión en las zonas más afectadas no solo mejoraría la seguridad y las condiciones de vida de las comunidades, sino que ayudaría a preservar la producción agrícola legal en uno de los sectores más emblemáticos del país.