La investigación se centra en la contratación para elaborar el manual de funciones de la Secretaría General, que podría no haber cumplido con las autorizaciones legales necesarias.

La Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación disciplinaria contra el entonces presidente del Concejo Municipal de Santa Isabel, Jhaison Eduardo Zambrano Paz, debido a presuntas irregularidades en un contrato firmado durante su gestión. El contrato en cuestión se suscribió con el objetivo de elaborar el manual de funciones de la Secretaría General del municipio, pero, según el ente de control, podrían haberse vulnerado normativas legales y reglamentarias.

La investigación también involucra a Luz Ángela Chica Torres, quien fungió como secretaria general durante el periodo en cuestión y estuvo encargada de la supervisión del contrato. La Procuraduría busca determinar si se celebró una contratación directa sin las autorizaciones legales y si se cumplieron los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos.

Uno de los puntos clave de la indagación es verificar si la contratación cumplió con las normativas que rigen los procesos de adjudicación de contratos, así como la falta de publicación oficial del contrato en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), lo que garantizaría la transparencia administrativa. Además, se investigan posibles omisiones en la supervisión técnica del contrato y el reconocimiento de pagos por parte de la administración, sin que se cumplieran completamente las condiciones estipuladas en el producto contratado.

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La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ha ordenado la práctica de pruebas para determinar las posibles responsabilidades disciplinarias de los involucrados y esclarecer si estos hechos constituyen conductas sancionables. El objetivo principal de la investigación es garantizar el uso adecuado de los recursos públicos en el municipio de Santa Isabel, y evitar que se repitan situaciones que puedan comprometer la transparencia y la correcta administración de los recursos del Estado.

Este proceso se encuentra en una fase inicial, y la Procuraduría continuará con la recolección de pruebas para esclarecer los hechos y definir si se iniciarán otras acciones en contra de los responsables.