La medida incorpora telesalud, servicios extramurales y enfoques diferenciales para fortalecer la atención médica en establecimientos penitenciarios del país.

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 1099 de 2026, mediante la cual adopta un nuevo Modelo de Atención en Salud para las Personas Privadas de la Libertad (PPL) bajo custodia, inspección y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

La nueva normativa reemplaza las resoluciones 5159 de 2015 y 3595 de 2016, con el propósito de fortalecer la garantía del derecho a la salud mediante una atención integral, continua y de calidad, basada en la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS).

Entre las principales novedades del modelo se encuentran la incorporación de modalidades como la telesalud y la prestación de servicios extramurales, así como la implementación de protocolos adaptados a las condiciones propias de los centros de reclusión.

La resolución también contempla un plan de transición para la implementación gradual del nuevo esquema, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud a esta población.

De acuerdo con el Ministerio, el modelo incorpora enfoques diferenciales orientados a atender las necesidades específicas de las personas privadas de la libertad y de los menores de tres años que conviven con sus madres en establecimientos penitenciarios del orden nacional.

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Asimismo, establece lineamientos relacionados con el aseguramiento en salud, la gestión integral del riesgo, los procesos de referencia y contrarreferencia, así como mecanismos de seguimiento y evaluación.

La estructura del modelo está conformada por seis componentes: prestación de servicios de salud, Red Integral e Integrada de Prestadores para la Población Privada de la Libertad (RIIPPL), condiciones de calidad, sistema de referencia y contrarreferencia, salud pública y seguimiento permanente de la implementación.

Además, la resolución define una oferta diferencial de servicios intramurales mediante la clasificación de los establecimientos de reclusión en cinco categorías de Unidades de Atención Primaria (UAP), de acuerdo con factores como la capacidad poblacional, el perfil de seguridad y las condiciones de accesibilidad.

Según la cartera de Salud, esta actualización busca fortalecer la política pública de salud penitenciaria y carcelaria, atendiendo disposiciones legales vigentes y lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en decisiones recientes relacionadas con la garantía del acceso a los servicios de salud para esta población.