La crisis de Seguridad Nacional y la incapacidad del gobierno para garantizarla.

Por: Julian Betancourt Nieto

El sábado, volvió hacer noticia otra masacre más en nuestro país, algo que ya se ha empezado a ver como normal cada vez que los medios de comunicación titulan un escabroso hecho, esta vez la noticia llega desde la vereda Yurilla jurisdicción del municipio de Puerto Leguízamo en el departamento del Putumayo, campesinos amarrados y posteriormente asesinados, hasta ayer domingo se desconocía el número de asesinados pues la dificultad de acceso a la zona,  impedía el registro para sumarlo a la acostumbrada estadística que ya ni nos inmuta y mucho menos nos emputa.

Hace poco, se hundía en el congreso la moción de censura contra el Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo mediante una “jugadita” polémica, el hombre encargado en garantizar la seguridad de todos los colombianos, pero ¿Cómo hacerlo? Cuando el gobierno parece no entender bajo ninguna medida posible que surgieron nuevas expresiones de violencia, nuevas expresiones criminales y por el contrario a dos años desde que empezó el Gobierno en el que “el futuro es de todos” aún culpan al gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y el futuro prometido no se avizora por ningún lado.

Al respecto,  se presentan muchas categorías de análisis provenientes de diferentes voces autorizadas, pero la mayoría, y a pesar de que el gobierno culpa solo al narcotráfico,  enfatizan en que el tema es más delicado de lo que en su pobre análisis oficial comunica el Ministerio de Defensa, y es que no son solo masacres, también se registran enfrentamientos de grupos ilegales por los territorios e inclusive ataques a la Fuerza Pública con un saldo lamentable de bajas en su mayoría del Ejército Nacional, situaciones que no se veían desde hace tiempo.

Bajo este panorama, el Gobierno con cifras comparables de años anteriores sale a decir que la seguridad está bien, y tal vez si el debate fuera como estamos hoy con respecto a años pasados pues sería un buen panorama, pero el debate aquí es que de acuerdo a las situaciones descritas en el tercer párrafo de esta columna vamos hacia como estábamos antes bajo la mirada impávida del gobierno comparando cifras para alentar una ciudadanía ávida de respuestas.

En la práctica, la realidad es que la seguridad va en deterioro, las disidencias de las FARC antes estaban en un poco más de 50 municipios, hoy en pleno 2020 ya realizan presencia en 90 municipios, y por el otro lado el ELN pasó de 96 municipios aproximadamente a 137 municipios según último conteo de los  organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, otras estadísticas dan cuenta de que los grupos armados organizados actualmente realizan control del territorio en al menos 200 municipios.

Y tal vez, esto se incrementó con la emergencia sanitaria, pues si hacemos memoria a inicios de este extraño 2020 fueron asesinados varios líderes sociales sobre todo entre el mes de marzo y abril, asesinatos que ocupaban titulares escasamente unas horas y después simplemente se perdía del foco de la opinión pública, pues las principales noticias tenían que ver con el avance de la pandemia, sin con esto querer clasificar los grados de importancia en la emisión de noticias, el punto aquí, es que lo que hoy vemos como algo coyuntural en realidad se venía presentando desde inicios del 2020, incluso desde finales del 2019, otra cosa es que no se informara.

Este deterioro en la seguridad nacional, podríamos explicarlo de varias formas, la primera es la disputa armada de varios grupos ilegales sin que al final repunte un ganador, el resultado de esto es que al no lograr adicionar adeptos la emprenden contra la población civil para mediante el miedo hacer que integren las filas de un bando y no la del otro grupo, lo que el reconocido Ariel Avila llamaría “Empate Técnico Negativo” otra ocasión a este deterioro, tiene que ver con los espacios territoriales dejados por las FARC tras dejar las armas, como se esperaba, otros grupos iban a reclamar estas zonas, con lo que no se contaba era que  empezarían a expandirse como las guerrillas  y los paramilitares en los 90, en lugar de acomodarse en estos territorios, y esto no fue analizado pues a diferencia de los 90 hoy se supone teníamos un Estado más preparado para asumir estos retos.

Y para acabar de agravar el tema, las economías ilegales de todo tipo consolidan la dinámica de inseguridad, aquí tenemos minería ilegal y narcotráfico, entre otros, cuyo valor en mercados internacionales sube considerablemente, esto ha garantizado mayores recursos para las finanzas de todos estos grupos al margen de la ley, que le apuestan a cuanto negocio ilegal entre estos también la trata de personas para seguir creciendo, entonces… ¿Qué espera el Gobierno? ¿Seguir culpando a “Juanma”, o manos a la obra?