Se investiga un cuestionado contrato en su gestión como gobernador del Tolima. 

El proceso judicial contra el actual senador y exgobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, entrará en fase de juicio oral esta semana, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en un convenio de más de 5.400 millones de pesos firmado durante su primera administración departamental.

Después de varios años de dilaciones, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ha agendado para los días 11 y 12 de junio las audiencias públicas del juicio oral contra Barreto, actual senador del Partido Conservador. Las sesiones comenzarán a las 8:00 a. m. en la sede de la Corte en Bogotá. 

El expediente judicial, identificado con el número 51531 y en manos de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, es uno de los siete procesos que ya se encuentran en etapa de juicio entre un total de 17 investigaciones penales activas contra el líder político tolimense.

El caso se centra en el Convenio 748 de 2008, firmado entre la Gobernación del Tolima y la Empresa Generadora de Energía del Tolima (EGETSA S.A. E.S.P.) con el objetivo de ejecutar obras de mejoramiento de alcantarillado y saneamiento básico en el departamento. Según la Fiscalía, durante la ejecución del contrato se evidenciaron múltiples fallas en la supervisión administrativa, lo que habría permitido el uso indebido de recursos públicos.

Entre las principales anomalías reportadas por el ente acusador se encuentran:

• El uso de mecanismos jurídicos para subcontratar obras sin licitación pública.
• La ausencia de estudios previos y análisis técnicos obligatorios por ley.
• La transferencia de fondos a una empresa sin verificación adecuada de su capacidad técnica y legal.
• La aprobación de un aporte económico de 50 millones de pesos sin justificación documental.
• La firma directa por parte de EGETSA de contratos de obra sin cumplir los procedimientos establecidos.

Además, se cuestiona que el proyecto fue diseñado por una persona que no tenía vínculo formal ni con la Gobernación ni con EGETSA. Tampoco se encontró soporte documental sobre la participación económica comprometida por la empresa ni sobre la viabilidad financiera del proyecto.

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El proceso penal contra Barreto inició con la imputación de cargos por parte de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, quien avaló las acusaciones por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

Posteriormente, en octubre de 2017, la Fiscalía formalizó la acusación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Sin embargo, tras la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018, el caso fue reasignado a la recién creada Sala Especial de Primera Instancia, que asumió el conocimiento del expediente desde junio de 2023.

Durante la audiencia de formulación de acusación, llevada a cabo el 21 de octubre de 2021, la Corte reconoció a la Contraloría General de la República como víctima dentro del proceso. Las audiencias preparatorias se desarrollaron entre junio y julio de 2022, aunque no se lograron acuerdos entre las partes sobre los elementos probatorios.

Con su llegada al Senado el 20 de julio de 2022, Barreto obtuvo fuero constitucional, lo que consolidó la competencia de la Corte Suprema para llevar su juicio. Esta nueva etapa representa un punto clave en un proceso que ha permanecido más de una década bajo revisión judicial.

El juicio oral previsto para junio de 2025 marca un paso decisivo en la resolución de uno de los casos judiciales más relevantes relacionados con la gestión pública en el Tolima.