La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el acto legislativo para fijar el cierre improrrogable del tribunal especial y trasladar sus expedientes a la justicia ordinaria.

Con 11 votos a favor, la Comisión Primera del Senado aprobó este 28 de octubre de 2026 el proyecto de acto legislativo que busca terminar las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en marzo de 2028. La iniciativa contempla que todas las actuaciones pendientes pasen a ser tramitadas por la justicia ordinaria.

La reforma constitucional, promovida por el senador Enrique Gómez y respaldada por el Centro Democrático, modifica el Acto Legislativo 01 de 2017 para establecer un término improrrogable de 10 años contados desde el inicio de operaciones del tribunal, el 15 de marzo de 2018. De esta manera, se eliminan las prórrogas que permitían extender su vigencia hasta por un máximo de 20 años.

«El proyecto de ley busca que la JEP termine su período de funcionamiento en marzo de 2028, respetando el plazo inicial de 10 años desde su entrada en operación, y frena la extensión automática de cinco años», explicó la senadora María Clara Posada.

Traslado a la justicia ordinaria y garantías jurídicas

El articulado estipula que los procesos que continúen en la jurisdicción ordinaria mantendrán las reglas, tratamientos penales especiales y beneficios sancionatorios contemplados en el Acuerdo de Paz de 2016 para no hacer más gravosa la situación de los comparecientes.

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Asimismo, la propuesta legislativa incluye ajustes procesales como la revisión de ciertas sentencias por parte de la Corte Suprema de Justicia y modificaciones en el trámite de las acciones de tutela.

Durante la discusión se reiteraron cuestionamientos de los promotores sobre la lentitud del tribunal —con apenas 4 sentencias en firme tras más de ocho años de labor—, los elevados costos de funcionamiento y los incumplimientos en la entrega de bienes para reparar a las víctimas, que según cifras de control superan el 80 % en inmuebles y el 96 % en muebles.

Advertencias de la JEP y sectores defensores

Por su parte, la JEP rechazó la aprobación del texto y advirtió que culminar sus labores anticipadamente comprometería los derechos de las víctimas y la garantía del juez natural, además de sobrecargar a los despachos ordinarios con macrocasos de alta complejidad.

«La terminación de una jurisdicción no equivale a la culminación de la justicia», sostuvo la Jurisdicción Especial para la Paz al señalar que la medida podría reactivar el escrutinio de la Corte Penal Internacional.

Congresistas del Pacto Histórico y de sectores independientes cuestionaron la viabilidad de la reforma por considerar que desmantela el modelo de justicia transicional, registrándose el retiro de varios legisladores antes de la votación en la comisión.

¿Qué sigue en el trámite legislativo?

Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto de acto legislativo deberá superar ocho debates en total entre el Senado de la República y la Cámara de Representantes, distribuidos en dos periodos legislativos consecutivos.

Para convertirse en norma constitucional, la iniciativa requerirá la aprobación de mayorías calificadas en sus etapas finales antes de formalizar la fecha de cierre para marzo de 2028.