Por: Leidy Carolina Torres Hernández

El Hotel Ambalá no nació como un negocio privado: fue concebido como una apuesta pública para impulsar el desarrollo de Ibagué y del Tolima. Su origen se remonta a los IX Juegos Nacionales de 1970, cuando el departamento emprendió la construcción de una infraestructura deportiva, turística y habitacional que transformó la ciudad. El Parque Deportivo, las piscinas olímpicas, las Villas Deportivas y el propio Ambalá fueron parte de una visión de ciudad en la que la inversión pública se convertía en patrimonio colectivo.

Paradójicamente, la administración privada no garantizó la conservación de ese patrimonio. Por el contrario, abrió la puerta a su deterioro. Durante décadas, el hotel pasó por distintos esquemas de operación: desde la Organización Hotelera Germán Morales e Hijos, hasta la administración temporal de sus trabajadores y, más tarde, la gestión de Cooservimos. Esta última asumió formalmente la administración en 2011 y permaneció al frente hasta la crisis que condujo al cierre definitivo.

Este recorrido obliga a precisar que el debate actual no puede reducirse a la dicotomía simplista de “lo público funciona mal” y “lo privado funciona bien”. El caso Ambalá demuestra que delegar la operación a particulares no exime al Estado de su responsabilidad sobre un bien que sigue siendo público. La propiedad era estatal y, por tanto, debía existir una vigilancia rigurosa sobre las condiciones económicas, contractuales y materiales de su administración.

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El ejemplo del Hotel Tequendama en Bogotá ilustra un modelo distinto. Allí el Estado no se desprendió de la propiedad para permitir la operación empresarial. La Sociedad Tequendama, vinculada al Ministerio de Defensa, funciona como una sociedad anónima de economía mixta: conserva el activo y contrata operadores privados bajo esquemas que aseguran la explotación comercial sin perder el control público. Desde 2019, por ejemplo, el operador privado administra el hotel, pero la sociedad propietaria mantiene la titularidad y recibe beneficios ligados a los resultados de la operación.

En el caso del Ambalá, distintas administraciones departamentales tuvieron bajo su responsabilidad un bien público que fue perdiendo progresivamente su capacidad de generar valor. El cierre definitivo en noviembre de 2018, tras incumplimientos económicos del operador y la restitución del inmueble, marcó el inicio de un deterioro físico y financiero que aún persiste. No se trata de desconocer las complejidades técnicas del edificio, sino de reconocer que el patrimonio público no se pierde únicamente el día en que se firma una escritura de compraventa: se pierde también por falta de gestión y de vigilancia.

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