Por: Luis Felipe Campos Cárdenas

Esta tarde la tierra volvió a moverse en Chaparral. El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de magnitud 3,9, superficial, que se sintió en varios municipios del sur del Tolima. Ya casi no es noticia, y eso debería preocuparnos más que el temblor mismo.

En dos meses el Tolima ha acumulado más emergencias de las que muchos departamentos viven en una década. El terremoto del 10 de agosto dejó escuelas agrietadas. El enjambre sísmico de septiembre, con más de 200 movimientos en apenas tres días, sacó de las aulas a unos 17.000 estudiantes del sur del departamento. Y mientras tanto el fuego siguió: según la UNGRD, en septiembre el Tolima fue el departamento más golpeado del país, con 104 incendios forestales en 35 municipios y cerca de 12.900 hectáreas afectadas, casi la mitad de todo lo que se quemó en Colombia ese mes.

Solemos tratar estas crisis por separado. El sismo es asunto de gestión del riesgo; el incendio, de Cortolima y los bomberos; la escuela, de la Secretaría de Educación. Mi tesis es más atrevida: la naturaleza puso el sismo y la sequía, pero la magnitud del daño la está poniendo la incapacidad institucional. Un Estado que no previene, que llega tarde y que ahora además recorta, convierte cada emergencia en una crisis más larga y más cara.

Una escuela a la intemperie

El censo oficial tras el terremoto de agosto registró daños en 336 sedes educativas del Tolima, y 18 colegios quedaron inhabilitados temporalmente. Las prioridades de intervención se fijaron en Roncesvalles, Chaparral y Cajamarca. Son cifras que se leen rápido y se reparan despacio.

La respuesta de emergencia ha sido la estrategia de Escuela en Casa. Es una medida razonable para proteger vidas, y hay que reconocer a los rectores y docentes que la han sostenido con guías elaboradas a mano. Pero no nos engañemos: en la ruralidad tolimense, Escuela en Casa significa una cartilla en papel, una señal de celular intermitente y unos padres que, en muchos casos, están intentando salvar lo que quedó de su cosecha o de su ganado después del fuego.

Cada semana fuera del aula ensancha una brecha que ya existía. Los estudiantes rurales del Tolima no partían del mismo lugar que los de Ibagué, y no van a terminar este año en el mismo lugar si no hacemos algo distinto. Recuperar la infraestructura no basta; hay que recuperar los aprendizajes, y eso exige un plan explícito, no solo la ilusión de cerrar el calendario el 29 de noviembre.

Hay además una paradoja que nadie debería pasar por alto. En cualquier emergencia, la escuela es el punto de encuentro de la vereda, el albergue, el lugar donde se reparte la ayuda. Si es la infraestructura que más usamos cuando todo falla, debería ser la primera que reforzamos, no la última.

Un monte que arde por las razones de siempre

El fenómeno de El Niño explica la sequía, pero no enciende los fósforos. La propia Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima ha reconocido que buena parte de los incendios tiene origen en acciones humanas: quemas agrícolas mal controladas, basuras, descuidos. El calor prepara el terreno; somos nosotros quienes ponemos la chispa.

El daño no es solo paisaje. El Gobierno Nacional habló a finales de agosto de más de 50.000 hectáreas afectadas, unas 28.000 de uso agropecuario, 2.660 productores perjudicados y pérdidas cercanas a 134.000 millones de pesos. Detrás de cada cifra hay suelos que tardarán años en recuperar su cobertura, nacimientos de agua expuestos y familias campesinas que perdieron su sustento.

Se han anunciado respuestas: la mesa de expertos «Tolima Verde Renace» para restaurar ecosistemas y suelos, y el programa «Manos al Agua» con Cortolima. Son buenas noticias, siempre que no se queden en el anuncio. La restauración ecológica se mide en décadas, mientras la próxima temporada seca llega en meses, y la Gobernación ya advirtió que se espera un escenario de mayor sequía. Cada peso que no invertimos hoy en prevención lo pagaremos mañana, multiplicado, en emergencia.

Menos plata para más crisis

Mientras el Tolima apagaba incendios y contaba escuelas agrietadas, en Bogotá se escribía el presupuesto de 2027. Según las cifras expuestas por la bancada tolimense en las comisiones económicas del Congreso, el departamento recibiría $300.561 millones menos que en 2026, una caída del 17,42 %. Congresistas de orillas tan opuestas como el Centro Democrático y el Pacto Histórico coincidieron en que, después de San Andrés, el Tolima sería el departamento más perjudicado del país.

El desglose es todavía más revelador. Educación pública perdería $39.997 millones, un 17,56 %, justo cuando 336 sedes esperan reparación. Agricultura caería un 50,22 %, unos $40.466 millones, semanas después de que el fuego golpeara a 2.660 productores. Cultura pasaría de $23.675 millones a apenas $1.500 millones.

Pongamos las cifras una al lado de la otra. El Gobierno Nacional anunció cerca de $9.000 millones para recuperar el campo tras los incendios y, en el mismo semestre, propone quitarle al departamento más de treinta veces esa suma. No se puede anunciar calamidad pública en agosto y recortar la inversión en septiembre sin que el mensaje resulte, por decir lo menos, contradictorio.

Pero sería cómodo culpar solo a Bogotá. La incapacidad institucional es una cadena con eslabones en todos los niveles: un departamento donde la mayoría de los incendios tiene origen humano y la prevención sigue siendo campaña de temporada; anuncios con nombre propio pero sin metas públicas; respuestas que llegan cuando el daño ya está hecho. ¿Cuántas instituciones educativas del sur del Tolima tenían un plan escolar de gestión del riesgo actualizado y practicado antes del 10 de agosto? Esa respuesta debería ser pública, y su ausencia ya dice bastante.

Las emergencias no se vuelven crisis solo por falta de dinero. Se vuelven crisis porque el dinero que hay llega tarde, se ejecuta mal o nadie rinde cuentas sobre él. Recortar en medio de ese escenario no es austeridad: es trasladarle el costo de la ineficiencia a los niños de Roncesvalles y a los campesinos de Coello.

El presupuesto todavía está en trámite y las partidas pueden cambiar. Esa es, precisamente, la ventana. La bancada tolimense, la Gobernación y los gremios tienen semanas, no meses, para demostrar que saben defender al departamento con argumentos técnicos y no solo con declaraciones para la galería.

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Donde los dos retos se encuentran

Aquí es donde la educación deja de ser víctima de la crisis y se convierte en parte de la solución. Colombia tiene desde hace tres décadas los Proyectos Ambientales Escolares, los PRAE. En demasiadas instituciones existen solo como un documento que se actualiza para la visita de turno. Este es el momento de volverlos operativos.

Imagino un PRAE que forme brigadas escolares de prevención de incendios, que enseñe a leer un mapa de amenaza sísmica de la propia vereda y que practique evacuaciones de verdad, no simulacros de foto. Imagino estudiantes de grado once cumpliendo su servicio social en restauración de rondas hídricas y viveros de especies nativas. Eso no es activismo: es currículo con sentido de territorio.

Las universidades tenemos una deuda en esto. La Universidad del Tolima, la UNAD, la Universidad de Ibagué y las demás instituciones de la región contamos con semilleros de investigación, practicantes y capacidad técnica que podrían acompañar a los colegios del sur. Hablo también desde la autocrítica: solemos aparecer en la emergencia con un comunicado y desaparecer cuando baja el humo.

Cuatro compromisos que sí podemos exigir

Primero, un tablero público de la reconstrucción educativa: sede por sede, con el diagnóstico estructural, los recursos asignados y la fecha prevista de reapertura. Las familias de Roncesvalles o de Rioblanco tienen derecho a saber cuándo vuelven sus hijos al aula.

Segundo, metas verificables para la restauración ambiental: hectáreas intervenidas, especies sembradas, empleos rurales generados y un informe trimestral que cualquiera pueda consultar. Sin metas, «Tolima Verde Renace» corre el riesgo de ser solo un buen nombre.

Tercero, un pacto entre universidades, colegios y Cortolima para la educación ambiental y del riesgo que sobreviva al ciclo noticioso y al cambio de gobierno. Lo que hoy se improvisa debería quedar instalado como capacidad permanente del departamento.

Cuarto, que la bancada del Tolima condicione su respaldo al Presupuesto 2027 a que se reviertan, como mínimo, los recortes en educación y agricultura. Un departamento que tiembla y arde no puede ser, al mismo tiempo, el segundo más castigado del país.

Hace casi 200 años, en 1827, un terremoto destruyó el antiguo asentamiento de Chaparral, y sus habitantes lo reconstruyeron juntos. Esa memoria nos recuerda que el Tolima sabe levantarse. La pregunta es si esta vez aprenderemos a hacerlo antes de la próxima sacudida, y no solo después.

Luis Felipe Campos Cárdenas es administrador de empresas, Especialista en gerencia de proyectos, magister en administración y doctorando en economía y empresa, docente universitario e investigador.

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