Por: Miguel Bermúdez J.

Ibagué está ad portas de amanecer una vez más paralizado, y ahora el turno es para el sector del transporte formal, es decir, todos a caminar: nada de taxis, ni busetas, ni camperos, y hasta las rutas escolares del transporte especial se van para el paro. Pero ¿y ahora por qué paran? Pues el argumento es el mismo: las busetas están viejas y nadie tiene plata para renovarlas. Los legales dicen que la piratería, los Uber, las plataformas y los mototaxistas están acabando con el sector formal del transporte, y que las autoridades solo miran, cero controles, y salen a la foto en temporada electoral.

¿Y los paraderos? Esos millones invertidos que la ciudad pagó siguen siendo en la práctica, postes decorativos. Nadie los respeta ni la autoridad los hace cumplir: al conductor le sirve recoger en donde sea, al ciudadano le sirve que lo dejen en cada esquina, y la administración municipal cree que la cultura ciudadana florece solita, mientras tanto que continúe el desorden. Al paro debería unirse la DIAN, pues la evasión se pavonea por la ciudad con los pasajeros que siguen entrando por la puerta de atrás. El ciudadano sí paga, pero esos pagos no se reportan, y eso es responsabilidad del sistema de transporte, que sigue mirando para otro lado, que es su forma más eficiente de gestión. Lo que mejor saben hacer es tener mucha burocracia.

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Y para el paro va también el transporte especial, y con razón, pues está compitiendo contra padres de familia que arman rutas con carros particulares, algo que el Decreto 348 de 2015 prohíbe expresamente al exigir habilitación y tarjeta de operación para prestar ese servicio. Y algunos rectores prefieren hacerse los de la vista gorda. Ah, y faltan los afectados por los cupos gemeleados, esos que en teoría no deberían existir porque la reposición de un vehículo da de baja el cupo viejo, y que en Ibagué terminaron duplicados con el visto bueno de la misma Secretaría de Tránsito, y pues nadie responde. En la zona rural la cosa no es diferente: siguen entrando camperos y camionetas viejas que ya deberían estar jubilados, pero de forma misteriosa ingresan con autorización al sistema de transporte. ¡Qué bueno sería que la Procuraduría le diera una miradita a este tema!

Pero entonces, ¿quiénes se quedan fuera del paro, si en muchos casos los dueños de los taxis son los mismos dueños de los vehículos particulares que hacen Uber y transporte ilegal? El que tiene el Uber también tiene taxi o buseta, y ahora alquilan hasta motos para los mototaxistas. No es un sector protestando contra el sistema, es el sistema protestando contra sí mismo, contra una administración municipal que no tiene claridad del tema ni voluntad política para hacer lo que se tiene que hacer, pero que espera buscar una salida con micrófono en mano y comunicados de prensa.

Si la ciudad quiere que este paro sea el último, lo que necesita no es otra mesa de diálogo, sino autoridad municipal, y que el Gobierno nacional entienda que se debe actualizar la normativa obsoleta que rige el transporte en Colombia. Mientras tanto, el ibaguereño sigue haciendo lo único que en esta ciudad sí funciona sin falla: caminar, rebuscarse otro medio y esperar de pie a que algún día el paradero sirva para algo distinto que hacerle sombra al que espera el bus que nunca para ahí.

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