A través de un documento, la funcionaria del alma mater argumenta detalladamente los pormenores de su decisión.

La directora del Programa de Medicina de la Universidad del Tolima, Milena Patricia Saavedra Rangel, presentó su renuncia irrevocable al cargo, alegando presiones indebidas, acoso laboral y violaciones al debido proceso por parte de la administración universitaria. La decisión, que se hará efectiva el 1 de marzo de 2025, fue dirigida al rector Omar Mejía Patiño y sustentada con múltiples argumentos jurídicos.

En su carta, la funcionaria señaló que ha sido víctima de “presiones indebidas y cuestionamientos constantes en los procesos administrativos, los cuales han afectado gravemente la autonomía de la gestión académica y administrativa del Programa de Medicina. Estas interferencias impiden el ejercicio libre y autónomo de mis funciones, vulnerando el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas”. También afirmó haber sido objeto de “conductas constitutivas de acoso laboral, manifestadas en hostigamientos constantes, descalificaciones injustificadas y presiones desmedidas que han afectado mi estabilidad emocional y mi desempeño laboral. A pesar de haber elevado la denuncia ante el Comité de Convivencia Laboral, no se ha tomado ninguna medida efectiva para cesar estas prácticas”.

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Entre los motivos expuestos, la académica denunció un cobro persuasivo indebido de $20.800.000 por parte de la División Contable y Financiera sin que se le garantizara el debido proceso, lo que, según su declaración, “contraviene el artículo 29 de la Constitución Política y el derecho fundamental a la defensa. No se me proporcionó una explicación clara ni la oportunidad de presentar descargos, lo que constituye una grave irregularidad administrativa”.

Asimismo, mencionó haber sido retirada de la representación de la Universidad ante la Junta Directiva del Hospital Reina Sofía de España en Lérida tras denunciar acoso laboral, calificándolo como una “retaliación clara y directa que evidencia un uso arbitrario del poder para castigar a quienes se atreven a denunciar irregularidades dentro de la institución. Esta decisión se tomó sin previo aviso y sin respetar los mecanismos de apelación correspondientes”.

Otro de los puntos críticos expuestos en su carta es la falta de apoyo administrativo en el Programa de Medicina desde diciembre de 2024, lo que ha generado una sobrecarga laboral. Según  su criterio, la universidad ha hecho caso omiso a sus solicitudes reiteradas, lo que vulnera sus derechos laborales y afecta el funcionamiento del programa. “Desde el 20 de diciembre de 2024, el Programa de Medicina ha estado sin un Auxiliar Administrativo, lo que ha incrementado de manera desproporcionada mi carga de trabajo. A pesar de múltiples solicitudes enviadas a la Rectoría y a la Dirección de Talento Humano, no he recibido respuesta alguna. Esta omisión deliberada no solo afecta mi labor, sino que compromete el adecuado desarrollo de las actividades académicas y administrativas del programa”, agregó.

También denunció que ha sido víctima de hostigamiento por parte de la Oficina Jurídica de la Universidad y de una profesora del Departamento de Ciencias Clínicas: “He sido objeto de intimidaciones constantes por parte de la docente Karen Correa, quien ha desplegado una serie de acciones de hostigamiento en mi contra, incluyendo difamaciones públicas y amenazas veladas. Esta situación ha generado un ambiente laboral insostenible, que ha afectado mi salud mental y mi desempeño profesional. A pesar de haber notificado a la administración sobre estos hechos, no se han tomado medidas correctivas”.

Finalmente, concluyó su misiva afirmando que las condiciones descritas han afectado gravemente su salud mental y física, lo que la llevó a tomar la decisión de apartarse del cargo de manera irrevocable. “Mi renuncia es una medida necesaria para preservar mi integridad y bienestar. Durante los últimos meses, el nivel de estrés y la carga emocional generada por estas situaciones han tenido un impacto significativo en mi salud. No puedo seguir desempeñando mis funciones en un entorno marcado por la hostilidad, la presión injustificada y la vulneración de mis derechos fundamentales”.

Hasta el momento, la Universidad del Tolima no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas denuncias. La comunidad académica sigue a la expectativa de las acciones que tomará la institución ante estos señalamientos.