La empresa no logró anular la multa impuesta por la autoridad de control.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sanción impuesta a Rappi S.A.S. por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), al negar la demanda con la que la empresa buscaba anular una multa superior a $1.755 millones.

La decisión, adoptada el 16 de abril de 2026, concluyó que los actos administrativos expedidos por la SIC se ajustaron a la normativa vigente y que la compañía incurrió en infracciones al Estatuto del Consumidor.

Uno de los aspectos analizados fue la naturaleza del modelo de operación de la plataforma. Mientras la empresa sostuvo que funciona como un intermediario entre comercios y usuarios, el Tribunal determinó que su participación abarca distintas etapas del proceso de compra, pago y entrega de productos.

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Según el fallo, la plataforma interviene en la gestión de pagos, la atención de reclamaciones y la logística del servicio, además de obtener ingresos asociados a las transacciones realizadas. También se indicó que coordina la relación entre comercios, repartidores y consumidores bajo condiciones definidas por la propia aplicación.

El Tribunal consideró que estos elementos evidencian que la empresa no actúa únicamente como un canal de conexión, sino que tiene un rol dentro de la relación de consumo. Asimismo, descartó vulneraciones al debido proceso o a la libertad de empresa, al señalar que la actuación de la SIC se realizó conforme a la ley.

Con esta decisión, se mantiene en firme la sanción económica y se deja sin efecto la solicitud de nulidad presentada por la compañía. El fallo no incluyó condena en costas para ninguna de las partes.