La iniciativa eliminaría la posibilidad de prórroga y trasladaría los procesos pendientes a la justicia ordinaria.

El senador Enrique Gómez, líder de Salvación Nacional, radicará en las próximas horas en el Congreso un proyecto de acto legislativo que propone fijar un límite improrrogable de diez años para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El articulado de la iniciativa fue revelado por la emisora La FM.

La reforma modifica el artículo transitorio 15 del Acto Legislativo 01 de 2017. Según el texto conocido por el medio radial, “el plazo para la conclusión de las funciones de la JEP será de un término improrrogable de 10 años, contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones de la JEP”. Dado que el tribunal inició labores el 15 de marzo de 2018, la propuesta implicaría el cierre definitivo de sus salas principales en marzo de 2028, eliminando el esquema actual que contemplaba hasta 15 años con posibilidad de prórroga por cinco más.

El proyecto establece que, una vez clausuradas las salas de la jurisdicción especial en 2028, los casos pendientes pasarían a la justicia ordinaria —específicamente a las salas de Justicia y Paz— por un plazo máximo de cinco años para concluir los juzgamientos. Las autoridades receptoras deberán mantener las garantías fijadas en el Acuerdo de Paz: tratamientos penales especiales, beneficios y condicionalidades. Además, el documento aclara que «ninguna persona que se encontraba sometida ante la Jurisdicción Especial para la Paz podrá recibir un tratamiento penal o procesal más gravoso», preservando intactos los fallos y sanciones proferidos con anterioridad.

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La iniciativa coincide con una fuerte puja presupuestal. La ponencia del Presupuesto de 2027 contempla un recorte cercano a los 170.000 millones de pesos para el tribunal de paz, mientras que Gómez impulsa el traslado de 100.000 millones hacia el Consejo Superior de la Judicatura.

Gómez argumenta que el tribunal se transformó en un aparato burocrático costoso e ineficiente que aún no resuelve la situación jurídica de la mayoría de comparecientes. En contraste, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advirtió que estas medidas asfixian el presupuesto y ponen en riesgo el modelo de justicia transicional, los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los firmantes.

El proyecto requerirá un trámite de ocho debates en dos periodos legislativos consecutivos para convertirse en reforma constitucional. De ser aprobado, sellará la etapa de investigación y reconocimiento de la JEP en 2028, abriendo un intenso debate entre quienes consideran agotado el ciclo de la jurisdicción extraordinaria y quienes alertan sobre el impacto negativo de acortar su vigencia frente al Acuerdo de Paz.