La Casa de Nariño llevó ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría hallazgos que involucran nóminas paralelas, contratos sospechosos y presuntas redes de influencia en entidades como Comfenalco Antioquia y Comfamiliar Atlántico.

El Gobierno Nacional dio a conocer un presunto paquete de irregularidades en el Sistema de Subsidio Familiar tras una serie de inspecciones lideradas por la Superintendencia. De acuerdo con el Ejecutivo, 11 de las 42 cajas de compensación del país están intervenidas o bajo medidas especiales, luego de detectarse maniobras para desviar recursos públicos hacia intereses partidistas.

El vocero de Presidencia, Miller Soto, informó que la totalidad de los expedientes fue trasladada a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría General de la República para que se determine el alcance penal, fiscal y disciplinario de los hechos.

En 2025, estas 11 entidades administraron cerca de $14,1 billones, fondos recaudados a través del aporte patronal del 4 % sobre las nóminas. Soto enfatizó que estos dineros no pertenecen al presupuesto estatal ni a proyectos políticos:

“Esa no es plata del Gobierno. Es de los trabajadores para subsidios, vivienda, recreación y bienestar de sus familias. No son una prenda de ningún proyecto político ni bandera partidista”.

Los focos de la denuncia: Antioquia y Atlántico

Entre los casos más graves documentados figura Comfenalco Antioquia, donde el Gobierno denunció la existencia de la denominada «telaraña azul»: una presunta red clientelar orientada a cooptar y controlar de manera irregular más de un billón de pesos.

El segundo foco crítico es Comfamiliar Atlántico, entidad intervenida que cuenta con 278.000 afiliados y beneficia a más de 601.000 personas. Con base en los informes presentados por la ministra del Trabajo, Natalia López, Presidencia señaló que allí se ejecutaron maniobras administrativas en las semanas previas a la intervención estatal, entre ellas:

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Alteraciones súbitas en la estructura organizacional y creación exprés de nuevos cargos.

Firma de contratos de largo plazo diseñados deliberadamente para blindarse más allá del periodo de intervención.

Incompatibilidades de personal: personas con vínculos laborales en la caja mantenían contratos simultáneos con el organismo encargado de vigilarla.

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Modificaciones contractuales con sobrecostos millonarios.
Denuncias formales por presunto acoso laboral y maniobras financieras fraudulentas.

Cerco de los órganos de control

La Procuraduría General de la Nación ya abrió un seguimiento preventivo y disciplinario de carácter prioritario sobre tres entidades clave: Comfenalco Antioquia, Comfamiliar Atlántico y Comfaguajira.

Soto concluyó que el Ejecutivo actuará como parte activa para que las pesquisas lleguen hasta las últimas consecuencias y se esclarezca si los recursos del bienestar de los trabajadores fueron capturados por estructuras de corrupción regional.